El sector de la energía español prosigue con un rumbo marcadamente político. Las decisiones políticas siguen centrando la mirada de las empresas eléctricas. La última ha sido Endesa que confía en que el Gobierno eleve a 50 años la vida útil de las centrales eléctricas.
La firma ha señalado en su informe de auditoría que en base a dichas predicciones “ha modificado, con efecto prospectivo, la vida útil de sus centrales nucleares, pasando de los cuarenta años que se venían estimando a cincuenta años, habiéndose considerado, en consecuencia, que se producirá una renovación adicional de diez años en la autorización administrativa para su explotación».
La energía nuclear sigue arrastrando las consecuencias del desastre de Fukushima, que cambio de golpe los planes de muchos gobiernos de construir más centrales. En España el caso de Garoña sigue en el aire, la central continua sin actividad desde 2013. Según la propia compañía la situación es de «cese de explotación» inscrito en una «fase de predesmantelamiento» cuya finalización estimada se producirá en 2018.
El nuevo borrador de la planificación energética para el periodo 2015-2020 ha supuesto para Endesa un efecto positivo de 28 millones de euros durante el ejercicio 2014. Respecto de las centrares nucleares en territorio español la eléctrica posee una participación del 50% en la central de Garoña, del 36% en Almaraz, del 100% en Ascó I, del 85% en Ascó II, del 72% en Vandellós II y del 1% en Trillo I.
Sin embargo, «la sociedad está dando los pasos necesarios encaminados a la obtención de una nueva licencia de operación» conforme a lo establecido en el real decreto 102/2014, en el que se faculta a la propietaria de la planta, Nuclenor, a solicitar con anterioridad al 6 de julio de 2014 la ampliación de la licencia de operación Garoña por un período indeterminado de tiempo.
A finales de mayo del año pasado, la planta presentó ante el Ministerio de Industria la documentación necesaria para la obtención de la renovación de la licencia de operación que abarcaría hasta el ejercicio 2031, y unos días después el Gobierno solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el informe preceptivo para la concesión de la renovación.
Está previsto que el CSN se pronuncie sobre este asunto este año, a través de una resolución en la que podría imponer una serie de condiciones para la continuidad de la central nuclear.
Mientras, Endesa ha contabilizado un cargo de 56 millones de euros para recoger los mayores costes de Nuclenor por el retraso en los trabajos de desmantelamiento de Garoña, a la espera de la decisión final sobre «la posible reapertura» de la misma.
Provisiones para cierres
Al margen del futuro de Garoña, Endesa incluye en sus estados contables de 2014 una provisión de 561 millones de euros para el posible cierre de centrales nucleares.
Además, ha provisionado otros 266 millones para el cierre de centrales de otro tipo, 77 millones para el desmantelamiento de contadores de electricidad y 92 millones para el cierre de explotaciones mineras.