El Tribunal de Cuentas ha vuelto a asestar un duro golpe a la ejecución presupuestaria pública. Esta vez se trata de algunas de las inversiones planificadas por la empresa pública de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) entre 2005 y 2012, el organismo advierte de inversiones planificadas de “escasa racionalidad” acompañada de contratos y convenios con cantidades infladas. Además, el tribunal sentencia que algunos de los gastos se realizaron de forma no justificada.
Se trata de una prueba más de la corrupción que invade al sector público español y las empresas públicas. La famosa forma de actuar conocida como la “mordida” en la que se inflan cantidades que después se reparten entre los diferentes cargos, se ha visto en diversos casos de corrupción como en la trama ‘Púnica’ aunque con sus variaciones.
Así consta en el 'Informe de Fiscalización de las principales inversiones efectuadas por FEVE en el periodo 2005-2012' –que ascendieron a 758 millones de euros–, publicado por el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda.
Dicho documento reconoce un alto nivel de ejecución presupuestario en la empresa durante los ocho años fiscalizados aunque advierte de que considerando «de modo individual» cada ejercicio se observa un nivel de ejecución de inversiones «más altas que las reales».
El escándalo va más allá de los contratos inflados o las inversiones poco racionales. Durante los ejercicios la empresa contabilizó con antelación diversas inversiones ejecutadas (por las que se pagó anticipos) que todavía no han sido ejecutadas. La contabilidad en la empresa era (por decir de alguna manera muy imaginativa) ya que a lo anterior se debe sumar que muchas de ellas se facturaron mal. El organismo señala que se imputaban varias acciones “un ejercicio anterior al de su fiscalización”.
El tribunal señala la construcción de un trazado para unir una fábrica de Navia (Asturias) que “plantea dudas sobre su financiación”. Además, el organismo detecta “alteraciones sustanciales ligadas a aparentes cambios en los gestores” de la empresa.
Modernización de la estación de San Feliz de Torio y en el proyecto del tranvía de León
Sobre este último proyecto, el organismo fiscalizador señala varias irregularidades en la facturación y recuerda que dos contratos de nuevos tramos fueron finalmente resueltos y liquidados tras decidirse su no ejecución, lo que originó pérdidas al Ayuntamiento de la ciudad.
Además, el Ministerio de Fomento ha declarado nulos hasta cinco contratos formalizados por FEVE entre mayo de 2010 y diciembre de 2011 por 53,53 millones de euros para adquirir tranvías y repuestos, al considerar que vulneraron los principios de publicidad y transparencia, si bien el pasado mes de mayo la Audiencia Nacional anuló dichas resoluciones ministeriales. Si finalmente se liquidaran los contratos podría costar casi 43,8 millones de euros a los leoneses.
Al margen del tranvía de León, otros expedientes de FEVE también son puestos en tela de juicio por el Tribunal de Cuentas, que señala por ejemplo que dos contratos para comprar material para trenes de mercancías se han visto afectados por incidencias relacionadas con la solvencia técnica o económica del adjudicatario, «habiéndose constatado que la acreditación de ambos aspectos presentó deficiencias en la fase de adjudicación» y que, por tanto, podían haber sido previstas y evitadas.
Es más, en la liquidación del contrato para la construcción de un centro de formación en Oviedo FEVE asumió de forma «no justificada» algunos gastos de administración y también ha pagado «precios superiores al del mercado» por varios edificios que fueron tasados por arquitectos que «no eran independientes» o partiendo de datos cuyas referencias «no se especifican».
Por eso, el Tribunal de Cuentas recomienda a Adif y Renfe Operadora –que desde 2012 asumieron las funciones de FEVE, que fue extinguida– que liquiden o resuelven estos contratos o convenios negociando con las partes y evitando la vía jurisdiccional. Igualmente, sugieren la necesidad de que la selección y planificación de las inversiones estén sustentadas en «estudios solventes» para evitar «inversiones altamente deficitarias» económicamente y con «poco impacto en la mejora del servicio» a los ciudadanos.