La Audiencia Nacional calcula que los beneficios del entramado empresarial del marchante Gao Ping, presunto líder de la red de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador', podría alcanzar los 180 millones anuales, si bien no especifica si se trataría de euros o dólares.
Así consta en un auto dictado este jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que confirma la fianza de 400.000 euros que el juez instructor del caso, Fernando Andreu, impuso al empresario y que le permitió salir de la cárcel de Estremera (Madrid) el pasado 9 de julio tras una colecta en la que se recogieron 93 cheques de miembros de la comunidad china en España.
Los fiscales Anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda recurrieron el auto en el que se establecía esta caución y solicitaron que se le impusiera una de 800.000 euros, habida cuenta de «la solvencia de las mercantiles que conforman el entramado societario» de Gao Ping, que «alcanzaría la suma total de 135 millones» al año.
A ello habría que sumar otros 45 millones procedentes de las tiendas minoristas controladas por su grupo y las expectativas de la apertura de una nueve sede de la empresa GMC en Quingtian, que le podría generar unos beneficios anuales de 100 millones de dólares. De igual modo, su grupo pretendía expandirse a otros países como Italia, donde tenía previsto lograr un volumen de facturación de 1,3 millones de euros.
La fianza no guarda relación con «la gravedad de los hechos»
Según los fiscales, el empresario dispone de «una gran cantidad de dinero que ha situado fuera de España, al margen de los medios legales y sin que haya sido declarado a la Hacienda española», al tiempo que ejercía «un férreo control sobre el dinero que llega a las cuentas de la República Popular China», para lo cual se servía de su padre, su hermana y su cuñado, Yong Jun.
Rosa y Grinda también argumentaron la «posición jerárquica» que Gao Ping tenía en su organización y las «numerosas» medidas de seguridad que tomó para intentar evitar la acción de la justicia, con el objetivo último de que no se descubriera «la verdadera contabilidad del entramado empresarial creado».
Como tercer argumento apuntaron que la fianza que se impuso no guarda relación con «la gravedad de los hechos imputados» y que el imputado también podría tener la tentación de «destruir o actuar sobre otros medios de prueba y, fundamentalmente, sobre la eliminación del riesgo de fuga».
«Arraigo personal y social» en España
Los magistrados Alfonso Guevara (presidente), Carmen Lamela y Fermín Echarri rechazan, sin embargo, la pretensión de la Fiscalía argumentando que las fianzas han de tener «un cierto aspecto de posibilidad de pago», ya que, de otro modo, se convierten en una medida «ilusoria». Eso no significa, apuntan, que sea necesario establecer cantidades «irrisorias» que no aseguren la presencia del acusado en un eventual juicio.
También destacan que Gao Ping, que permaneció durante cinco meses en libertad provisional hasta que volvió a ser encarcelado en abril de 2013, «cumplió rigurosamente todas y cada una de las obligaciones» que se le impusieron, a lo que suman que dispone de «arraigo personal y social» en nuestro país.
Además, destacan que al empresario se le han embargado todos los bienes para el aseguramiento de sus responsabilidades civiles y que esa circunstancia «reduce considerablemente sus posibilidades económicas». También han sido bloqueadas las cuentas de su esposa, Lizhen Yang, y sus cuñados, Yong Jun Yang y Weizhen Yang.
En la actualidad Gao Ping tiene la obligación de realizar comparecencias quincenales en la Audiencia Nacional y no puede salir del territorio nacional al haber tenido que entregar su pasaporte en las instalaciones del Juzgado Central de Instrucción número 4.
Rebaja de la fianza
Andreu rebajó el pasado 24 de junio la fianza de Gao Ping de 800.000 a 400.000 euros en un auto, en el que tenía en cuenta «los antecedentes que obran en la causa sobre la conducta procesal del encausado», quien «cumplió rigurosamente las obligaciones que se le impusieron durante los aproximadamente cinco meses en que estuvo en situación de libertad provisional» y tuvo que acudir al juzgado «diariamente».
El magistrado, que admitía así un recurso de reforma presentado por el entonces abogado del empresario, Jaime Sanz de Bremond, revocaba de esta manera un auto dictado por él mismo el 2 de junio y en el que acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, imponer la fianza de 800.000 euros.
La 'operación Emperador' estalló en octubre de 2012 cuando fueron detenidos un total de 83 personas. Entre los arrestados estaban el actor porno Ignacio García Jodrá, alias 'Nacho Vidal'; el exconcejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid) José Borrás y el policía nacional Miguel Ángel Gómez Gordo.