Dos compradores de bonos de Abengoa han solicitado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que cite a declarar como investigado al exministro de Obras Públicas Josep Borrell (PSOE), al considerar que desde su cargo en la compañía intervino en la aprobación de las indemnizaciones millonarias que recibieron el expresidente Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega.
En un escrito los bonistas, que ejercen la acusación particular en la causa, señalan que Borrell, como «presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones», es la persona que «interviene y suscribe» los contratos que los dos exdirectivos firmaron en febrero de 2015.
Aunque solicitará la declaración de todos los directivos de Abengoa que votaron a favor de la concesión de esos contratos, la acusación considera que la primera declaración debe ser la del exministro socialista, «dada su incuestionable autoría y participación en los hechos punibles objeto del procedimiento» que le sitúan, a su juicio, al menos como «cooperador necesario» en la presunta comisión de un delito de administración desleal.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió el pasado 18 de noviembre, con el informe favorable de la Fiscalía, la querella presentada por dos propietarios de bonos de Abengoa que atribuyen a Benjumea y Sánchez Ortega los delitos de administración desleal e imputan, además, a este último otro de uso de información privilegiada.
La magistrada también requirió a la compañía andaluza la información relativa a los pagos de 11,48 millones efectuados a Benjumea y de 4,48 millones a Sánchez Ortega, a quienes ha apercibido de que si no entregan fianzas por sendos importes, procederá a la «adopción de medidas cautelares sobre sus bienes».
Los bonistas, que invirtieron 103.970 euros, se querellaron contra la antigua cúpula de la compañía, que solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 26 de noviembre, por la «horrible» gestión que llevaron a cabo y por buscar su «propio beneficio y lucro personal» al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de «salvar a sus miles de inversores».
Los querellantes denunciaron que Benjumea se llevó una «exorbitante» indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.
Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una «contraprestación post-contractual» de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de «bonus variable» que percibirá «a cuenta de 2015 hasta su salida».
Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó «fuertes posiciones bajistas» en relación con los valores de Abengoa.