El presidente de las clínicas dentales Vitaldent, Ernesto Colman, se ha acogido a su derecho de no declarar en los juzgados de Instrucción número dos de Majadahonda, mientras que sí lo han hecho el vicepresidente, Bartolo Conte y otros miembros de la 'cúpula', Javier Arteaga y Nicolás Sissini.
Los cuatro entraron alrededor de las 8.30 horas en el juzgado y comenzaron a declarar sobre las 13.30 horas. Según han informado fuentes jurídicas, el retraso en las declaraciones se ha debido a «un fallo logístico» de los sistemas informáticos de la sala.
El primero de los cuatro en declarar ha sido Nicolás Sassini, el abogado de las clínicas, y tras él ha sido el turno del vicepresidente de la marca, Bartolo Conte. En tercer lugar ha prestado declaración J. Arteaga. Los tres han respondido a las preguntas planteadas por el fiscal anticorrupción José Grinda. El único que se ha acogido a su derecho a no declarar ha sido el presidente de las clínicas, Ernesto Colman.
A los mismos juzgados han sido trasladados en diferentes coches policiales el resto de los detenidos en la 'Operación Topolino', hasta 10 en total, que también declararán a lo largo de la jornada de este miércoles. En un principio fueron 13 los detenidos en dicha operación, sin embargo tres de ellos han sido puestos en libertad con cargos sin pasar a disposición policial.
Mientras, los cuatro primeros detenidos en prestar declaración -Conte, Colman, Arteaga y Sassini- se encuentran a la espera de que la jueza dicte las medidas cautelares que adopta con ellos.
Los abogados de los franquiciados de las clínicas dentales Vitaldent han afirmado antes de la declaración de los detenidos que sus clientes estaban sujetos a un sistema de franquicias «salvaje» en el que el 98 por ciento de las cláusulas de los contratos eran penales, es decir, «se castigaba todo sin ningún tipo de contraprestación».
Respecto al modelo de negocio que seguían las clínicas, han asegurado que «no se pueden hacer valoraciones rápidas» y que «al parecer la marca Vitaldent hacía aplicar sobrecostes de manera continuada y sostenida en el tiempo a los franquiciados; aplicaba de manera perversa el sistema informático donde se establecía la información y toda la facturación así como cánones que no figuraban en el contrato de franquicias».
«También se practicaban auditorías internas que servían para doblegar el ánimo de los franquiciados», han apuntado los letrados.