La auditoría independiente realizada por PWC ha detectado 1.000 millones de euros de volumen de negocio sospechoso en Banca Privada d'Andorra (BPA), lo que equivale al 19% del volumen total del banco, ha informado en un comunicado la Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries de Andorra.
Según esta auditoría, BPA tenía 923 clientes «presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales» que representan el 3% de los casi 29.200 clientes de la entidad –titulares de cuentas e intervinientes–.
De este millar de clientes, unos 100 expedientes combinan todos los factores de mayor riesgo AML, como coincidencias con listas de blanqueo, operativa sospechosa y vinculación a casos de lavado de dinero que se encuentran en sede judicial.
Estas son algunas de las principales conclusiones del trabajo que las autoridades andorranas encargaron en marzo de 2015 a la firma PwC, después de la publicación del comunicado del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) –la unidad de delitos financieros del Tesoro de los Estados Unidos–.
El 92,6% de clientes, en condiciones de ser traspasados
A partir del informe presentado por PwC, tras 12 meses de trabajo, la AREB concluye que unos 27.000 clientes, es decir, el 92,6% del total, ya están en condiciones para ser traspasados a Vall Banc, la nueva entidad.
En el 7,4% restante, unos 2.165 clientes, se incluyen los 923 presuntamente sospechosos, mientras los otros 1.242 podrían finalmente revelarse como «aptos» en caso de que en un futuro presentaran la documentación necesaria para avalar la legitimidad de sus cuentas y operaciones.
PwC ha elaborado análisis de clientes que están permitiendo a BPA, bajo tutela del AREB, poner en conocimiento de las autoridades competentes tramas sospechosas de blanqueo no identificadas y no judicializadas a la fecha del comunicado del FinCEN del 10 de marzo de 2015; entre ellas se incluye el caso Sinaloa, actualmente bajo secreto de sumario.
Por otro lado, la AREB está adoptando las medidas necesarias para identificar los posibles indicios delictivos vinculados a la actuación de la dirección general y los administradores de BPA, entre los que se encuentran los principales accionistas de la entidad.
PwC inició el análisis el 24 de marzo de 2015, definiendo la fecha de corte para la preparación del informe el 29 de enero de 2016 y cerrando el documento presentado a la AREB el pasado 29 de febrero.
Para realizar el trabajo, PwC ha revisado uno por uno todos los clientes de BPA dentro del alcance establecido y todas las operaciones de más de 37.000 cuentas realizadas durante los últimos siete años.
En total, se han analizado 15 millones de transacciones y se han recibido y contrastado más de 60.000 documentos remitidos por los clientes para justificar la legitimidad de sus cuentas.
Con todo ello, la firma concluye que, a fecha del informe, 2.165 clientes han sido inicialmente calificados como «no aptos».
De ellos, un grupo de 1.242 clientes que representan un volumen de negocio de 708 millones de euros, es decir, el 13,4% del volumen total, han sido incluidos por falta de aportación de documentación justificativa de su operativa que, bien por su volumen o por número de transacciones resulta especialmente significativa; se les ha requerido documentación y, de hacerlo, podrían ser considerados traspasables.