Los directivos de la cadena dental Vitaldent han negado hoy ante la juez que hayan formado parte de la red de fraude que supuestamente encabezó el propietario de la empresa, Ernesto Colman, a quien han señalado como el único responsable de la contabilidad, de la que se ocupaba personalmente.
Se trata de ocho responsables de la empresa que han declarado hoy en el Juzgado de Instrucción 2 de Majadahonda (Madrid) en calidad de investigados, entre ellos, el exdirector general, Oscar Miguel Salamanca, y la exportavoz de la compañía y responsable de Opendent -la red de clínicas propias de Vitaldent- Ana Capistegui.
Fuentes jurídicas presentes en la declaración han señalado a Efe que los directivos han negado tener conocimiento de la existencia de una «caja» o contabilidad «B» de Vitaldent con dinero en efectivo.
Es más, han subrayado que todas las operaciones se hacían de forma legal, mediante transferencias bancarias y de manera regular. Solo uno de ellos ha manifestado que entregaba dinero en efectivo, aunque siempre siguiendo el cauce legal.
De esta forma, se han desvinculado de la presunta red de fraude que encabezó el propietario de Vitaldent, Ernesto Colman, quien supuestamente conseguía 17,2 millones de euros en B anuales solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena.
Eso sí, han querido dejar claro que la contabilidad era un asunto que Colman manejaba personalmente, a quien han responsabilizado de cualquier presunta irregularidad en las cuentas de la compañía.
Junto a Capistegi y Salamanca, han declarado el exdirector financiero y de auditoría interna, Fernando Solís, y el representante de Gráficas Aries, S.A. (sociedad encargada de la publicidad local), que supuestamente efectuaba pagos en B, Antonio Martín. También lo han hecho Alberto Conquero, Diego González, Roberto Arteaga y Juan Ramón Lillo.
A todos ellos se ha dirigido la magistrada María Isabel Serrano que, según las fuentes, ha insistido en sus preguntas en saber qué relación tenían los franquiciados con las entregas de dinero en efectivo y qué papel tenían los investigados en la trama.
Por otra parte, las fuentes apuntan a la posibilidad de que la magistrada de Majadahonda pida nuevamente a la Audiencia Nacional que se haga cargo de la causa, pese a que el juez Eloy Velasco ya rechazó hace unas semanas quedarse con el caso al entender que «no tiene la entidad suficiente» para declararlo de su competencia.
No obstante, las fuentes explican que Velasco tomó esta decisión sin pedir el informe preceptivo a la Fiscalía para que se pronunciara al respecto, de ahí la insistencia de la juez del caso.
La cúpula de Vitaldent recibía cada año 17,2 millones de euros en «B» de las 146 clínicas propias que tenía la cadena, en la que un grupo de personas, entre ellas el propietario, había diseñado «un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda», como así recoge el auto de prisión de la jueza.
Cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10 por ciento de la franquicia acordada. Pero además, se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales.
Colman, que tenía dos cuentas en Suiza, según detectó la Agencia Tributaria, planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las clínicas.
De hecho estuvo negociando con un fondo de capital riesgo para deshacerse de las clínicas e ingresar 300 millones de euros, en una operación que se hubiera hecho en Luxemburgo para evitar declarar en España y que finalmente no salió adelante ante las dudas de los compradores respecto del estado financiero de Vitaldent.