El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se personará como parte perjudicada en la causa que instruye un juzgado de Murcia por el presunto fraude en la adjudicación de obras del tramo del tren de alta velocidad entre esa ciudad y la alicantina de Crevillente, de unos 17 millones de euros.
Adif ha comunicado esta decisión tras conocer las actuaciones judiciales llevadas a cabo desde noviembre pasado y cuyo secreto se levantó hace unas semanas.
En un comunicado, ha señalado que se presentará como acusación particular tras hacer un detenido estudio y concretar los daños y perjuicios que puede haber sufrido en la adjudicación de las obras de reposición de las redes hidráulicas que se vieron afectadas por ese tramo del AVE.
Adif ha indicado que en la actualidad no aparece como investigado en las diligencias ningún miembro de su plantilla, aunque en las actuaciones sí está imputado José Luis Martínez Pombo, que fue su jefe de Infraestructuras para la zona de Levante.
Precisamente, uno de los indicios que apuntaron a la presunta implicación en los hechos de Martínez Pombo fue que este se acogió a la amnistía fiscal y en 2012 afloró dos millones de euros en metálico.
Al declarar como investigado ante la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, admitió esa regularización, así como que hacía frecuentes viajes a Suiza para llevar dinero hasta que «se cansó» y comenzó a guardarlo en cajas fuertes de bancos y en su domicilio.
También figuran como investigados los responsables de varias empresas que prestaron servicios para la construcción de ese tramo del AVE, uno de los cuales reconoció que otro imputado le indicó que debía engordar sus facturas.
La causa de la denominada operación César trata de esclarecer si se produjo el fraude con la facturación de servicios que no se habían prestado realmente o con el sobrecoste de los trabajos cobrados.
EFE