El juzgado de Instrucción número 46 de madrid comenzará el 15 de febrero la instrucción para investigar el préstamo de 1.000 millones de euros que El Corte Inglés recibió de un jeque qatarí. La Audiencia Provincial ha ordenado que se investiguen los posibles delitos que habría cometido la cúpula de la compañía, encabezada por Dimas Martín y con destacados consejeros, como Manuel Pizarro, Antonio Hernández Gil o Florencio Lasaga. También se investigará al comisionista David Barreiro, que cobró casi 20 millones de euros por asesoramiento por medio de empresas radicadas en Singapur y Emiratos Árabes, así como las condiciones de pago del préstamo y otras facturas que han aparecido ligadas a la polémica operación. Los denunciantes son la Corporación Ceslar, que agrupa a la familia propietaria del 9% de la sociedad.
La Audiencia Provincial considera que se han dejado sin responder cuestiones cruciales como si la operación estaba «realmente justificada», sobre si su coste y garantías prestadas fueron «razonables» o si se ha cumplido con el derecho de información de los socios, conforme establecen las leyes mercantiles y los Estatutos de la sociedad. En contra de lo publicado en algunos medios, sí se investigará el presunto blanqueo de capitales, si bien no la responsabilidad civil, que corresponde al Estado.
Detrás de esta guerra judicial está el préstamo que gestionó el Consejo de Administración con el jeque qatarí Al Thani por 1.000 millones de euros. A cambio, el potentado árabe por medio del 10% de la compañía, o bien en condiciones sumamente ventajosas para él, lo que se consideró fraudulento por Ceslar. El Consejo de Administración ventiló la discrepancia expulsando a esta familia –propietaria del 9% de la empresa– de la mesa del Consejo. La operación generó además espectaculares comisiones, que Ceslar considera injustificadas. Los querellantes calculan que toda esta operación ha supuesto un millonario perjuicio para los accionistas de El Corte Inglés.
Una fuente de los órganos decisorios de otra multinacional española explica a Estrella Digital que a su compañía se le ofreció el mismo préstamo, pero fue desechado por las malas condiciones económicas que llevaba aparejado.
La querella fue ventilada en primera instancia por el Juzgado 46 en solo 48 horas, asignada además a una juez de refuerzo, con apenas experiencia de seis meses, según informó en su momento Estrella Digital. El recurso de la acusación fue visto por la Audiencia Provincial, que es quien ordena al Juzgado de Instrucción que siga la investigación y las actuaciones por los indicios de delito que se observan en la querella. Además, tiene que dar traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la querella.