El agua y su privatización ha sido motivo de arduos y difíciles debates públicos en España. De hecho, la privatización del Canal de Isabel II se encuentra detrás de un debate público fuertemente polarizado en la Comunidad de Madrid, así como una gestión venal por la que muchos de sus responsables están siendo investigados.
Esta semana se desarrolla en Brasil el Octavo Foro Mundial del agua que enfatiza la importancia de la gestión de este recurso natural
El Blog de economía Nada es Gratis, se hacía eco el pasado lunes, 19 de Marzo, de un artículo académico que afrontaba las “Conexiones políticas y privatización del servicio urbano de agua en España”.
El autor, Andrés J. Picazo Tadeo, señala que “es razonable plantearse el estudio de la existencia de conexiones políticas en la concesión de este servicio, dados los numerosos casos de irregularidades investigados en las últimas dos décadas por los tribunales españoles; incluso, Global Water Intelligence ha publicado un monográfico sobre el caso español”.
La privatización del agua
El estudio recuerda que aunque las conexiones políticas no son necesariamente prácticas ilegales –la financiación de partidos políticos por parte de empresas es legal en muchas democracias–, sí pueden afectar adversamente al bienestar social.
La conexión política de entre concesiones y concesionarios puede medirse a través de contactos, presencias en los Consejos de Administración o las llamadas puertas giratorias.
La investigación se basa en la información recogida sobre 922 privatizaciones del servicio urbano del agua realizadas por los ayuntamientos españoles entre enero de 1984 y abril de 2016. Básicamente, calcula, de forma estadística, la probabilidad de que Aqualia y Agbar –las dos empresas líderes del sector en España (conjuntamente abastecen el 67% de los municipios con gestión privada del servicio y el 75% de la población)–, o bien otra empresa, obtengan la adjudicación de un contrato.
Aqualia, el concesionario más pepero
Uno de los resultados más destacados es que la probabilidad de que Aqualia gane un concurso de privatización aumenta en un 13,1% cuando el ayuntamiento está gobernado por el PP, a la vez que la probabilidad de que Agbar –principal competidor de Aqualia– sea la adjudicataria del servicio se reduce en un 15,2%.
Esta relación, no obstante, desaparece a partir de 2007, después de la entrada en vigor de las dos leyes de contratación pública cuyo objetivo era introducir transparencia en la gestión de los contratos públicos y en la financiación de los partidos políticos en España, respectivamente.
Tras las reformas las pequeñas empresas del sector ganan cuota de mercado en detrimento de los dos grandes operadores, Aqualia y Agbar
FCC y PP
El autor no deja de señalar que la interpretación de los resultados no tiene porque ser venal (“la interpretación de estos resultados no debe ir más allá de la constatación de una relación estadística entre algunas de las empresas adjudicatarias de la prestación del servicio urbano de agua en España y determinados partidos políticos”)
No obstante, debe recordarse que la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) –propietaria de Aqualia– es el segundo mayor donante del PP entre los años 2002 y 2009; además, es públicamente conocido que varios políticos del PP han ocupado puestos en el Consejo de Administración de FCC después de dejar sus cargos de responsabilidad política.
Miguel de la Balsa