Hace unas semanas, Ferrovial anunciaba su intención de trasladar su sede social a Países Bajos. Lo que desató un conflicto entre la empresa y el Gobierno, en el que no han faltado amenazas veladas sobre las consecuencias fiscales que el cambio podría tener.
Desde el primer momento, la empresa manifestó que la decisión final sería de sus accionistas y, tras la reunión de inversores del pasado jueves, la empresa ha obtenido luz verde para sus planes.
Un 77,69% del capital social (el 93,3% de los votos emitidos) se ha pronunciado a favor de la fusión entre Ferrovial y su filial neerlandesa Ferrovial International SE, lo que producirá un cambio de sede social desde España hasta Países Bajos.
Rafael del Pino, presidente de la compañía, ha aprovechado la ocasión para defender que la decisión se debe al natural desarrollo de la empresa, cuya intención es poder mejorar su capacidad para competir en los mercados internacionales, así como obtener más liquidez y mejores condiciones de financiación. Del Pino ha negado cualquier motivación fiscal en el cambio de sede de Ferrovial.
La vista puesta en Estados Unidos
La tributación de la empresa española será muy similar en Países Bajos a la que tiene actualmente en España. Ferrovial alega que la principal razón para el cambio es que la legislación neerlandesa permite un acceso más sencillo al mercado estadounidense, y el objetivo de Ferrovial es poder llegar a cotizar en la bolsa de Estados Unidos.
A pesar del cambio en su sede social, la compañía seguirá operando en España y contribuyendo aquí por los proyectos e inversiones que realice en territorio español.
Antes Ferrovial tenía sede en España y operaba en Países Bajos mediante una filial, y ahora hará justo lo contrario. Ignacio del Pino, hijo del presidente, está al frente de esta nueva entidad.
Opinión desigual en el Gobierno
La decisión de la junta de accionistas de Ferrovial ha sido recibida de forma diferente en las dos alas del Gobierno.
Nadia Calviño, vicepresidenta económica, ha expresado su respeto a la decisión tomada por la multinacional, como también han hecho desde el Ministerio de Asuntos Económicos.
Desde Podemos, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha tachado la decisión de Ferrovial de «inaceptable».
Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) manifiesta que no existe ningún tipo de obstáculo normativo, legal, o de operativa, que impida a Ferrovial acceder a la bolsa estadounidense y cotizar simultáneamente en la bolsa española manteniendo su sede social en Madrid.
La opción para los accionistas no conformes
Aquellos de los accionistas de Ferrovial que no estén de acuerdo con la decisión tomada por la mayoría, tienen ahora un plazo de un mes para ejercitar su derecho de separación y vender sus acciones a cambio de una indemnización.
La empresa tiene reservado un fondo de 500 millones de euros para indemnizar a aquellos que no han votado a favor del traslado de la sede social y que deseen abandonar su inversión.
La contraprestación fijada es de 26 euros por acción (cotización media de las acciones de Ferrovial en los últimos tres meses), pero la cotización actual de las acciones en el mercado está notablemente por encima de esa cifra. Por ello, no se espera que muchos de los inversores que no están a favor del cambio de sede social opten por ejercer el derecho de separación.
Desde que Ferrovial anunciara su intención de fusionarse con su filial y trasladarse a Países Bajos su cotización en bolsa ha subido un 3,35%. Al confirmarse el «sí» de los accionistas, las acciones volvieron a subir otro 1,25%.
En relación con los trabajadores de Ferrovial en España, dado que la empresa continuará desarrollando proyectos aquí, no se esperan cambios relevantes para los mismos.