El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Apple, acusando a la multinacional tecnológica de crear un monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes a través de su dispositivo iPhone.
El Gobierno estadounidense ha denunciado en los últimos años a todas sus grandes empresas tecnológicas por acciones antimonopolio. Hace 25 años intentó que Microsoft se dividiera en varias empresas por las prácticas que estaba llevando a cabo con su sistema operativo Windows, pero finalmente la empresa tecnológica ganó la demanda y pudo seguir existiendo sin tener que escindirse en diferentes compañías.
¿Por qué demanda el Gobierno a Apple?
Apple ha sido criticada en múltiples ocasiones por limitar la competencia a través de los términos restrictivos de la App Store, la imposición de altas tarifas y un enfoque de “jardín vallado” hacia su hardware y su software. A efectos prácticos, la compañía californiana ejerce un férreo control sobre la forma en que terceras compañías de servicios tecnológicos interactúan con sus productos y servicios.
En Europa, este comportamiento ya ha sido calificado como contrario a la Ley de Mercados Digitales que ha entrado recientemente en vigor en la Unión Europea, y Apple ha sido sancionada con 1.840 millones de euros por limitar el acceso de los usuarios a otros servicios de música en streaming diferentes a Apple Music.
En el caso de Estados Unidos, la demanda actual se basa en que se estima que Apple no solo ha logrado mejorar sus productos a través de su monopolio, sino que ha abusado de su posición dominante empeorando los productos y servicios de su competencia.
Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, destaca que Apple ha usado su control sobre el iPhone para “participar en un tipo de conducta ilegal, de manera amplia y sostenida”. Impidiendo un desarrollo exitoso de las conocidas como súper aplicaciones, que permitirían a los usuarios cambiar más fácilmente de teléfono inteligente.
Al generar una cierta dependencia de aplicaciones nativas de Apple, los usuarios tienen menos libertad a la hora de cambiar a un dispositivo de otra marca, porque perderían información y funcionalidades.
A modo de ejemplo, Garland ha señalado que: “si un usuario de iPhone envía un mensaje de texto a un usuario que no es de iPhone a través iMessage, el texto aparece como una burbuja verde y tiene una funcionalidad limitada. La conversación no está cifrada, los vídeos aparecen pixelados y granulados, y los usuarios no pueden editar los mensajes ni ver los indicadores de escritura. Como resultado, los usuarios de iPhone perciben los smartphones rivales como de menor calidad, porque la experiencia de la mensajería con amigos y familiares que no tienen iPhone es peor”.
Apple se ha defendido señalando que la interoperabilidad entre dispositivos es uno de sus puntos fuertes, y que siempre buscan proteger la seguridad y la privacidad.
La demanda en Estados Unidos no es el único problema que enfrenta Apple. La compañía de Cupertino va a ser objeto de una nueva investigación por parte de la Comisión Europea, para verificar si se está ajustando a la normativa de competencia en los mercados digitales.
EEUU también investiga el uso de la inteligencia artificial por parte de las grandes tecnológicas
El Gobierno de Estados Unidos tiene en marcha desde principios de año un proceso de investigación frente a Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, OpenAI y Anthropic.
La Comisión Federal de Comercio (FTC), que es el organismo que está llevando a cabo la investigación, ha manifestado que necesita una mejor comprensión interna sobre las relaciones de colaboración establecidas por estas empresas en el campo de la inteligencia artificial y su posible impacto sobre la competencia en el sector.
El objetivo es descubrir si estas empresas dominantes ponen en peligro la innovación y afectan a la libre competencia.
Además, en los últimos meses el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado medidas frente a Google y su subsidiaria Alphabet, para examinar si en su negocio de publicidad digital está incurriendo en prácticas que atenten contra la competencia.
La demanda explica que “Google ha corrompido la competencia legítima en la industria de la tecnología publicitaria, al participar en una campaña sistemática para tomar el control de una amplia gama de herramientas de alta tecnología utilizadas por editores, anunciantes y corredores, para facilitar la publicidad digital”.