Esta medida afectará a más de 60.000 trabajadores y busca cumplir con la normativa laboral española.
Un giro estratégico para adaptarse al mercado laboral
Glovo ha comunicado su intención de adoptar un modelo en el que los repartidores dejarán de ser autónomos para convertirse en empleados laborales, un cambio que se implementará en las más de 900 ciudades españolas donde opera la plataforma. Según la empresa, este movimiento refleja su «compromiso con España y el desarrollo de la economía digital», manteniendo intacta la experiencia de usuarios, restaurantes y comercios colaboradores.
Se presenta la primera denuncia penal contra Glovo por supuestos delitos fiscales y laborales
En paralelo, Glovo abrirá una mesa de diálogo con agentes sociales para garantizar que la transición sea inclusiva y consensuada. La compañía ha invitado a otros operadores del sector a sumarse a esta iniciativa y adoptar medidas similares.
Contexto legal: presión de la Fiscalía y CGT
El anuncio llega un día antes de que el CEO de Glovo, Óscar Pierre, declare como investigado en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Este proceso judicial, impulsado por una denuncia de la Fiscalía, se centra en la posible utilización de falsos autónomos, una práctica que habría perjudicado las condiciones laborales de los repartidores.
El sindicato CGT, que se ha personado en el procedimiento penal, ha señalado que Glovo «ha continuado imponiendo condiciones abusivas» a sus repartidores pese a las resoluciones judiciales previas que reconocían su relación laboral con la empresa. CGT denuncia que esta situación ha privado a los ‘riders’ de los derechos y garantías asociados al régimen general de la Seguridad Social, calificando las acciones de la compañía como «fraudulentas».
Según el sindicato, estas prácticas podrían acarrear penas de hasta 6 años de prisión y sanciones económicas considerables.
Yolanda Díaz celebra el cambio: “Ninguna tecnológica puede imponerse a la democracia”
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado el cambio de modelo de Glovo como un avance histórico en la protección de los derechos laborales. Díaz destacó que esta regularización supone el movimiento afiliativo más importante en España, con un impacto positivo estimado de 267 millones de euros en recaudación, sumado a posibles sanciones y consecuencias derivadas del proceso penal.
La ministra insistió en que esta decisión demuestra que «ninguna tecnológica puede imponerse a la democracia», reforzando el compromiso del Gobierno con la dignidad laboral y el cumplimiento de la normativa.
Repercusiones económicas para Glovo y su matriz
La transición al modelo laboral tendrá un impacto económico significativo para Glovo y su matriz alemana, Delivery Hero. La compañía estima que la implementación de este sistema generará un coste adicional de 100 millones de euros en su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado para 2025.
Además, Delivery Hero ha revisado al alza su previsión de contingencias para Glovo España, aumentando su rango de estimación a entre 440 y 770 millones de euros. Este importe incluye cotizaciones a la Seguridad Social, sanciones y otros posibles cargos derivados del cambio de modelo y las reclamaciones pendientes hasta finales de 2024.
Un cambio que podría marcar tendencia
Con este movimiento, Glovo se convierte en la primera gran empresa de reparto en España que adapta su modelo operativo a las exigencias legales y laborales del país. Su decisión podría sentar un precedente en el sector del delivery y abrir la puerta a cambios similares en otras plataformas digitales.
El compromiso de Glovo con un modelo laboral más justo y acorde a la normativa española representa no solo un avance para los repartidores, sino también un paso hacia la transformación del mercado laboral digital en España.