Correos, la empresa pública de servicios postales, afronta una crisis que amenaza su sostenibilidad financiera y operativa. Aunque en los últimos meses se han tomado medidas para hacer frente a las pérdidas millonarias que acumula, los resultados no han sido los esperados.
La entidad se ve ahora obligada a replantear su modelo de negocio y a hacer un ajuste de plantilla que los sindicatos advierten de que podría acabar perjudicando a los usuarios del servicio.
El origen de la crisis
Los problemas que arrastra Correos no son recientes, sino el resultado de una serie de factores que han impactado negativamente en su rentabilidad en los últimos años.
La disminución del uso del correo tradicional debido al auge de la comunicación digital ha reducido drásticamente los envíos de cartas y documentos físicos, lo que ha mermado una de sus principales fuentes de ingresos.
Paralelamente, el crecimiento del comercio electrónico ha impulsado la demanda de paquetería, pero Correos ha tenido dificultades para competir con operadores privados más eficientes y con mayores capacidades logísticas.
Otro elemento clave en la crisis de Correos ha sido su gestión empresarial. Decisiones estratégicas cuestionables, combinadas con la falta de innovación y modernización, han contribuido a que la empresa pierda competitividad.
En julio de 2024, la situación alcanzó un punto crítico, con una deuda cercana a los 1.400 millones de euros, lo que dejó a la compañía al borde de la quiebra técnica.
Medias de urgencia para salvar Correos
Para evitar la disolución de la empresa, el Gobierno junto con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los sindicatos mayoritarios, han diseñado un plan de rescate financiero que incluye una inyección de entre 3.000 y 4.000 millones de euros. Esta medida forma parte del Plan Estratégico 2024-2028, que busca garantizar la viabilidad de Correos mediante una serie de reformas estructurales.
Entre las principales acciones contempladas en este plan se encuentran la diversificación de los servicios de la empresa, la ampliación de su presencia en el sector de la paquetería y la expansión de su actividad en zonas rurales. De hecho, se ha incluido a Correos en la Agenda 2030 a fin de reforzar su papel en la cohesión social y territorial.
Además, se ha planteado la creación de una entidad de pagos digitales para ofrecer servicios financieros similares a los de otros operadores postales europeos.
En noviembre de 2024, Correos llevó a cabo una reducción de su capital social en 211 millones de euros, pasando de 611,5 a 400 millones, como medida para sanear su patrimonio y compensar las pérdidas acumuladas. A pesar de los ajustes realizados, su situación continúa siendo crítica.
Un importante ajuste de plantilla
Uno de los puntos más polémicos del plan de reestructuración ha sido el ajuste de plantilla. En enero se anunció la salida de 8.000 trabajadores como parte de la estrategia para reducir costes y mejorar la eficiencia operativa.
Se ha diseñado un «plan de salidas voluntarias incentivadas» para trabajadores de 61 años en adelante, que podría reducir la plantilla entre un 15 % y un 20 %. Pero por el momento no se ha concretado el montante de las indemnizaciones.
Esta decisión ha generado un gran malestar entre los empleados y los sindicatos, que han advertido sobre el impacto negativo en la calidad del servicio.
La falta de personal ya está afectando la operatividad de Correos en distintas provincias. En Palencia, por ejemplo, la plantilla actual es de 194 trabajadores, cuando se estima que deberían ser al menos 254 para cubrir la demanda de servicio. Esta carencia de empleados ha derivado en retrasos significativos en la entrega de correspondencia y paquetería, afectando tanto a trabajadores como a ciudadanos.
Una situación similar se vive en Soria, donde el 13 % de las 125 plazas asignadas no están cubiertas. La edad media de los trabajadores en esta provincia es de 52 años, y el ritmo de jubilaciones supera con creces el de nuevas incorporaciones. Como resultado, los retrasos en la entrega de cartas pueden llegar hasta siete días en algunas zonas.
Retos y oportunidades para Correos
Para garantizar la continuidad de Correos, el Gobierno ha ampliado su designación como prestador del servicio postal universal hasta 2030. Esta medida busca ofrecer estabilidad a la empresa y asegurar que siga cumpliendo con su función de servicio público. Además, se prevé que el Estado compense económicamente a la compañía mediante un contrato-programa plurianual.
No obstante, la empresa enfrenta otros desafíos, como las demandas judiciales presentadas en su contra. Los propietarios de Unipost han interpuesto una demanda por prácticas anticompetitivas, mientras que RD Post ha denunciado a Correos por presuntas deficiencias en sus servicios. Estos litigios podrían aumentar la carga financiera de la empresa y dificultar la implementación de su plan de reestructuración.