sábado, septiembre 24, 2022
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El Gobierno mantiene su plan de ahorro energético y Madrid lo recurrirá al Constitucional

El Real Decreto entrará en vigor este miércoles. El PP solicita su retirada ya la convocatoria de una Conferencia de Presidentes

La reunión telemática que han mantenido esta mañana las Comunidades Autónomas con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha concluido sin que ninguna de las partes se haya movido de su posición inicial con respecto al plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado lunes. El Real Decreto con las medidas, que incluyen la rebaja en los transportes y la regulación de temperaturas o del alumbrado de escaparates y edificios públicos, entrará en vigor este miércoles.

A la reunión ha asistido también la ministra de Industria, Reyes Maroto, y un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el encuentro, el Gobierno ha dejado claro que el Real Decreto, publicado en el BOE desde la semana pasada, no va a ser retirado a pesar de la demanda conjunta de las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular. Tampoco se va a retrasar en su puesta en funcionamiento, como había solicitado Cataluña.

En las explicaciones posteriores a la prensa, la vicepresidenta Ribera ha señalado que las autonomías críticas no han presentado propuestas alternativas al plan de ahorro y eficiencia original. Estas se han comprometido, eso sí, a remitirlas antes del próximo 31 de agosto, por lo que podrían estudiarse y valorarse de cara al plan de contingencia que el Ejecutivo quiere sacar adelante en septiembre, con el inicio del curso político.

El PP pide una Conferencia de Presidentes

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, había solicitado este lunes la “retirada inmediata” de todo el Real Decreto y la convocatoria “esta misma semana” de una Conferencia de Presidentes en la que consensuar otro paquete de medidas. “Sería muy lamentable que haya que llevar a rastras a Pedro Sánchez a una conferencia de presidentes. Si le queda algo de dignidad política debería suspender sus vacaciones y convocarla. Si diez comunidades autónomas tienen que obligarle a hacerlo es que España ha dejado de tener un presidente legitimado para estar al frente del Gobierno”, ha señalado.

Desde Lanzarote, el presidente del Gobierno ha pedido “unidad y responsabilidad” al PP “para cumplir con los acuerdos de Bruselas y con el compromiso de solidaridad con el resto de países europeos”.

En paralelo, el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que continúa de vacaciones en un destino desconocido, ha confirmado que recurrirá el Real Decreto al Tribunal Constitucional “por invasión de competencias” autonómicas. Una respuesta que confirma lo que ya había avanzado la semana pasada el Ejecutivo madrileño y que va mucho más lejos de lo que harán otros gobiernos como el del País Vasco, que sí acatarán las medidas pese a la falta de diálogo denunciada por el lehendakari Urkullu.

El Ejecutivo madrileño insiste en que apagar los escaparates a las 22.00, como recoge el decreto, “crea una sensación de inseguridad clave para el turismo”. Preguntado por si esa será la vía en todas las comunidades gobernadas por el PP, Tellado ha dicho que cada autonomía tiene libertad para decidir qué hace, pero ha pedido al Gobierno que no les “obligue” a “judicializar” el conflicto.

Por su parte, Cataluña y País Vasco, gobernadas por ERC Y PNV, han reclamado a la ministra flexibilidad en la aplicación de los límites de temperatura, “claridad” en el articulado, más tiempo para aplicarlo y dinero para poder cumplir todas las medidas. La consejera vasca de Sostenibilidad, Arantxa Tapia, ha pedido al Gobierno que sea “sensible” con los sectores más afectados por la pandemia a la hora de aplicar las medidas.

Para Ribera, un aplazamiento supondría “un nuevo decreto” y eso, ha asegurado, “no va a suceder”. Ha descartado modificaciones o la retirada del RDL del pasado 1 de agosto y ha recordado que desde 2007 rigen limitaciones de temperatura en la climatización de los espacios públicos y flexibilidad en su aplicación según lo previsto por la normativa laboral vigente. “España va a cumplir su compromiso de solidaridad con Europa ante una situación grave. Todos hemos aprendido que de las crisis no se sale solo”, ha recalcado

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