La acción popular considera «una burla al Estado y a los contribuyentes» la posibilidad de que Roldán haya percibido dinero por esa entrevista, sin haber abonado aún los 3,4 millones de euros que se le impusieron como responsabilidad civil en el juicio celebrado en 1998. Por ello, García Montes anuncia que en el caso de que Luis Roldán hubiera recibido alguna cantidad por la entrevista, presentará una querella por alzamiento de bienes y solicitará que se suspendan los beneficios penitenciarios de los que disfruta el ex director general de la Guardia Civil.
Luis Roldán continua cumpliendo condena en la cárcel abulense de Brieva pero cuenta desde el 2005 con un régimen intermedio entre el segundo y el tercer grado penitenciario que le permite ausentarse de la prisión puntualmente.