El Pleno se reunió este miércoles por la mañana durante unas dos horas para comenzar a analizar el cruce de autos, recursos, incidentes y peticiones que ha ido acumulando desde que Garzón se declarara competente para investigar estos hechos el pasado 16 de octubre.
En esta reunión los magistrados han empezado viendo los recursos contra la resolución en la que el pasado día 7 ordenaron la suspensión de las exhumaciones acordadas por Garzón, presentados por las asociaciones de Memoria Histórica y particulares, como la nieta del presidente de la II República Juan Negrín.
Finalmente, la Sala de lo Penal ha optado por seguir deliberando y tratar de resolver el próximo viernes alguna de las cuestiones que tiene encima de la mesa desde que Garzón se declaró competente.
La intervención del Pleno en esta disputa entre Garzón y Zaragoza vuelve entonces a retrasarse, lo que ocurre desde que decidió aplazar el estudio del incidente de competencia hasta que Garzón pudiese remitir sus alegaciones a la vuelta de una baja médica.
Sin embargo, durante su baja, su sustituto, el juez Santiago Pedraz autorizó en nombre de Garzón la apertura de fosas y, ante ello, el fiscal Zaragoza pidió a la Sala que ordenara la suspensión de esos trabajos hasta que se resolviese el incidente de competencia.
Cascada de recursos
El Pleno dio la razón al fiscal y eso motivó una cascada de recursos en contra por parte de las asociaciones y de particulares denunciantes, entre ellos la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, que se ha querellado en el Tribunal Supremo contra los 10 magistrados que votaron a favor de la suspensión de las exhumaciones, entre ellos el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, considera nula la decisión de paralizar las exhumaciones porque cree que desde el momento en que el Pleno sabía que está pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición planteado por él, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
Alega además que la decisión fue «adoptada por la Sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal», «prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión».
Quince días después de operarse de las cuerdas vocales, Garzón regresó la semana pasada a la Audiencia Nacional y el día 18, antes de entregar su informe de alegaciones al incidente de competencia, dictó un auto en el que acordaba inhibirse en favor de los juzgados territoriales tras certificar que todos los altos cargos del franquismo, incluido el dictador Francisco Franco, habían muerto.
Por tanto, en esas alegaciones, escritas en unos diez folios, Garzón tiene que defender la decisión de declararse competente para investigar estos hechos; pero también debe justificar por qué acordó un mes después inhibirse en favor de los juzgados territoriales tras certificar la muerte de los responsables del régimen.