La directiva en cuestión reforma la regulación de la profesión auditora, con el fin de mejorar la calidad de las auditorías en Europa tras los escándalos que han sacudido el mundo empresarial en los últimos años.
En particular, introduce la obligación para los Estados miembros de establecer un sistema externo de garantía de la calidad y un sistema de supervisión pública de los auditores, junto con una serie de medidas para mejorar la cooperación entre autoridades competentes en la UE.
Asimismo, la norma fija algunos principios éticos para garantizar la independencia y objetividad de los auditores legales y aclara los deberes a que están sujetos.
El resto de países que tampoco han cumplido con sus obligaciones son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Reino Unido, República Checa y Suecia.