En concreto, de los 33 expedientes abiertos a 31 estudiantes –dos de ellos tenían dos expedientes– se ha propuesto sancionar a 28 estudiantes, mientras que se propone el archivo de los expedientes a tres estudiantes.
Para los 28 restantes se proponen sanciones en su mayoría de uno a dos años, aunque a varios de ellos se podrían enfrentar a expulsiones de cinco, siete y hasta 11 años, según explicaron las mismas fuentes.
Los expedientes han sido instruidos por dos profesores de la universidad y ha han sido elevados al rector, Lluís Ferrer. Éste tiene que firmarlos, pero sólo podrá hacerlo con los referidos al incidente del rectorado, mientras que en los de la Facultad de Letras, que son la mayoría, no podrá confirmarlos ya que declaró como testigo, por lo que ha delegado su función en la catedrática Ana Ripoll, una de las dos candidatas a las elecciones a rector que tendrán lugar el 15 de diciembre.
Desalojados por la fuerza
El 4 de marzo los Mossos d’Esquadra desalojaron por la fuerza a la cincuentena de universitarios encerrados en la Facultad de Letras en contra del Plan Bolonia.
La carga policial enojó a los estudiantes, y el 18 de abril una veintena de ellos bloquearon el acceso al rectorado para impedir la celebración del Consejo de Gobierno. Durante los forcejeos, dos estudiantes agredieron al rector, según la universidad.