Zapatero también anunciará medidas relacionadas con el aumento de la inversión en I+D+i y con la educación. En concreto, el plan que presentará incluirá medidas de mejora de la educación, con el fin de aumentar la productividad y conseguir que en el 2010 un 85% de los jóvenes siga la educación postobligatoria, así como iniciativas para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.
El presidente del Gobierno defendió el pasado martes, en un foro organizado por la revista The Economist, que la educación y las condiciones sociales serán clave para mejorar la productividad de la economía, junto a la reducción de las cargas administrativas y la reforma de los servicios, un capítulo que ya está en marcha con la trasposición de la directiva europea.
Por su parte, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, acudirá al pleno del Congreso con intención de «escuchar» las propuestas de Zapatero pero, al mismo tiempo, le reclamará que precise qué resultados están teniendo las medidas que ya se han tomado y que, a su juicio, no han sido eficaces.
Rajoy insistirá en reducir el endeudamiento recortando el gasto público, bajar los impuestos a familias y pymes, reformar el mercado laboral y el sistema educativo y apostar por la unidad de mercado y por una política energética. El líder de la oposición ha preparado su intervención con el equipo económico del partido, que lidera Cristobal Montoro.
Sin embargo, no está previsto que Zapatero vaya a anunciar alguna rebaja adicional de impuestos, ya que el Gobierno, en palabras del propio vicepresidente económico, Pedro Solbes, tiene escaso margen fiscal después de la deducción de 400 euros en el IRPF, que ha tenido un coste de 6.000 millones de euros, y la eliminación del Impuesto de Patrimonio desde el próximo año, que aportará a las familias otros 1.800 millones.
Ello a pesar de que el plan de reactivación presentado ayer por la Comisión Europea contempla combinar políticas de gasto con reducciones de impuestos para estimular la demanda. El plan prevé la inyección de 200.000 millones de euros, un 1,5% del Producto Interior Bruto de la UE, de los que 170.000 millones deberán salir de medidas nacionales.
Sin embargo, el Gobierno y el PSOE insisten en que ya han hecho los deberes en materia de rebajas fiscales y que ahora le toca el turno a la inversión pública. Zapatero ya ha dicho que el Ejecutivo estima que las medidas fiscales tomadas desde el 2007 supondrá en este año y el siguiente una devolución a los ciudadanos y las empresas de 18.000 millones, prácticamente el 2% del PIB.
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo aseguró que presentará medidas para el sector de la automoción, hasta donde pueda llegar «legalmente» conforme a las directrices de Bruselas. El plan europeo pide a los Gobiernos medidas para impulsar la demanda de vehículos, como la reducción del impuesto de matriculación y circulación para los coches menos contaminantes o incentivos fiscales para la retirada de vehículos viejos.
Además, la industria europea del automóvil podrá recibir, a través del Banco Europeo de Inversiones, 4.000 millones en créditos blandos para invertir en tecnologías más limpias y respetuosas con el medio ambiente y en el aumento de la seguridad, cantidad que, sin embargo, representa tan sólo un 10% de lo que reclamaba el sector.
El paquete de medidas incluirá también el conjunto de iniciativas aprobadas ya por el Ejecutivo, cifradas por Zapatero en unas 80, para salir de la crisis económica, como la deducción de 400 euros en el IRPF, el adelanto de las devoluciones de IVA, los 150.000 millones para inyectar liquidez al sistema financiero o los 29.000 millones de líneas de crédito que el ICO pondrá a disposición de las empresas a partir del próximo año.
El Gobierno también ha aprobado medidas de apoyo a las familias y los parados, como el pago del 50% de las cuotas hipotecarias para los parados durante un periodo de dos años o el alargamiento de las cuentas vivienda y de los plazos hipotecarios sin coste para los ciudadanos.
Lo que no contendrá el nuevo paquete de medidas es una reforma del mercado laboral a pesar del incremento espectacular del paro, ya que el Gobierno considera que el origen de esta crisis no está relacionado con el mercado de trabajo, reforma que, en cualquier caso, circunscribe al diálogo social entre empresarios y sindicatos.