Cobo indicó que «se ha decidido que se destine a biblioteca y lleve el nombre de Álvaro Ussía», tal y como le pidieron al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, los compañeros del joven asesinado. El nuevo centro sustituirá a la Biblioteca Pública Acuña, de la Comunidad de Madrid y ubicada en la calle de Quintana, número 9, cuyo contrato de alquiler finaliza en el 2010.
Ante este anunció, el portavoz del PSOE, David Lucas, criticó que se use al concejal del distrito, Álvaro Ballarín, como «cabeza de turco» sin que ningún responsable del área de Gobierno de Medio Ambiente, encargado de controlar las licencias, asuma responsabilidades de ningún tipo por lo sucedido.
Además, volvió a reprochar al alcalde que no comparezca ante el Pleno y que se «esconda tras los reglamentos» para no contestar sobre este asunto, especialmente grave debido a que El Balcón de Rosales era una concesión municipal.
En la misma sesión plenaria tuvo ocasión de explicarse el propio Ballarín, que usó el mismo argumentario y discurso que hace dos días en el Pleno del distrito de Moncloa-Aravaca.
Así, recordó que la actividad de la sala está regulada por la Ley de Espectáculos, y volvió a enumerar las diferentes irregularidades cometidas en el local, denunciadas por la Policía Municipal desde el año 2006, entre las que se cuentan el ejercer una actividad no autorizada, carecer de cartel identificativo, no contar con licencia, no presentar seguro de responsabilidad civil, tener deficiencias muy graves en el funcionamiento general del alumbrado, calefacción, ventilación, alarmas y extinción de incendios, evacuación; y admitir menores y servirles alcohol, incumplir los horarios, altercados del orden público, peleas y reyertas y botellón en la puerta y en el entorno del local.
«Actuación brutal de los porteros»
Además, insistió en que «el sistema jurídico ofrece un procedimiento muy garantista, taxativo y que no deja margen a la arbitrariedad antes de establecer sanciones sin que el interesado pueda defenderse», y recordó que las 57 denuncias presentadas por la Policía Municipal con respecto a este asunto fueron remitidas o a la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia de los incumplimientos de la Ley de Espectáculos, o a la Guardia Civil y Policía Nacional en el caso de la inspección en la que se detectó que uno de los porteros tenía un puño americano.
«Con relación a la denuncia sobre la entrada de menores, la Comunidad abrió un expediente sancionador que se cerró sin sanción ya que la denuncia de los agentes no incluía una comprobación de este hecho ilícito. Además, si bien la presencia de menores es un hecho de extraordinaria gravedad, de las 14 inspecciones que se realizaron sólo en una ocasión se detectó», apostilló.
También subrayó que «la Policía Municipal no puede ordenar un cierre ni imponer sanciones» y que «tampoco la Junta puede actuar dentro de competencias que no le corresponden». «No existe ninguna relación causa-efecto entre la muerte y la situación administrativa de El Balcón de Rosales, que es sólo consecuencia de la actuación brutal de los porteros», añadió.
«¿Es por desidia, por favoritismo o por corrupción?»
El presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Iglesias, se preguntó aún así «cómo es posible que el local siguiera abierto pese a los múltiples y graves incumplimientos de la ley y de las continuas denuncias de la Policía Municipal» que, a su juicio, «es la única que en este caso ha actuado correctamente y ha cumplido con su deber».
«¿Es por desidia, por favoritismo o por corrupción?», se preguntó, y se interesó por el fin que han tenido las 57 denuncias presentadas contra la sala, que probablemente han caído «en el caos general de la tramitación de las licencias del Ayuntamiento de Madrid».
«Ahora vienen las prisas por crear un nuevo procedimiento administrativo para tramitar las licencias, porque hay que dar la imagen de que se están haciendo cosas y de que esto sólo ha sido un terrible accidente», recriminó el edil.
En cuanto a los aspectos legales, Iglesias indicó que el artículo 43 de la Ley de Espectáculos dice también que «la incoación, instrucción y resolución de los expedientes por materias graves corresponde a los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes», y criticó a Gallardón por no haber reglamentado el sector de los porteros de discoteca en su época como presidente de la Comunidad de Madrid.
Y es que según él en Madrid existen 629 locales con denuncias de cese y clausura por graves irregularidades, y en las 19.041 inspecciones realizadas en los últimos nueve meses, 15.110 han sacado a la luz faltas. En concreto, el 49 por ciento de las salas no tiene licencia de funcionamiento ni urbanística ni de actividad, y de hecho las revisiones han bajado un 8 por ciento. «Las denuncias por incumplimientos han aumentado un 33 por ciento en cuanto a las deficiencias de seguridad, y ya son 5.814», concluyó.