En un comunicado, Llamazares ha reaccionado a la decisión del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que por catorce votos a favor y tres en contra ha decretado que Baltasar Garzón no tiene competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por lo que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales.
El diputado ha tachado la decisión de la Justicia como «una clara burla a las víctimas, a sus familiares y al trabajo de los miembros de las asociaciones» que han hecho una «ardua labor para facilitar el trabajo de la Justicia».
Un trabajo, ha continuado, «necesario para complementar las tardías medidas que con cuentagotas va desgranando el Gobierno socialista en su obligado cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobada ya casi hace un año».
Para Llamazares, estas decisiones «nos retrotraen a otra época», y «da la impresión de que buena parte de la Audiencia Nacional ha decidido convertirse en digna heredera de aquellos tribunales de Orden Público existentes en un periodo que creíamos ya acabado».
«Más pronto que tarde la ceguera de la Justicia española obligará a que tenga que ser en los tribunales internacionales donde las víctimas y sus familiares tengan que buscar el amparo judicial que se les ha negado en su propio país; entonces algunos tendrán que dar una respuesta pública de lo que ahora no se puede calificar más que de una completa vergüenza», ha concluido.
«Honradez y compromiso con las víctimas»
Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardá ha señalado que tras esta decisión de la Audiencia Nacional «una vez más se demuestra la incapacidad del aparato judicial español para que se pueda hacer justicia a las víctimas del franquismo».
Tardá ha hecho un llamamiento a la «honradez y el compromiso con las víctimas, a aquellos jueces que ya están hartos del blindaje de la impunidad alargado durante años».