Asimismo, decidieron ampliar la querella por prevaricación interpuesta el pasado día 17 ante el Tribunal Supremo contra nueve de los magistrados de la Sala de lo Penal que participaron en la deliberación del pasado viernes «mientras están recusados».
La nieta de Negrín había solicitado que esos magistrados que ordenaron paralizar la exhumación de fosas no intervinieran en la decisión, por no ser «imparciales», pero su petición fue rechazada por la Sala.
La defensa de la nieta de Negrín, que ejercita la acusación particular en la causa sobre las desapariciones durante la Guerra Civil, asegura que la resolución adoptada por la Audiencia Nacional «trata de poner fin a la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura franquista».
No obstante, explica que «considera normal la controversia jurídica en la primera investigación abierta en España sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en España» y que «contribuirá, en la medida que le sea posible, a que el debate jurídico se dirima y resuelva ante tribunales imparciales».