El abogado de la plataforma, Fernando Zunzunegui, que también representa a afectados de otras entidades, explicó en declaraciones a Europa Press que los bancos «incumplieron sus propias obligaciones» respecto a la «transparencia» de la información dada al cliente y la «adecuación» del producto al inversor.
El letrado indicó que, antes de solicitar las indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos ante la Justicia, acudirán a negociar una salida con los bancos a través del servicio de defensor al cliente, para lo que tienen un plazo de dos meses.
En caso de no llegar a un acuerdo con las entidades, remitirán las quejas al servicio de reclamaciones de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV), cuyo plazo de tramitación es de cuatro meses, y si no obtienen respuesta recurrirán a los juzgados.
El letrado explicó que los bancos, entre ellos, hicieron «una distribución muy agresiva de estos productos a inversores minoristas», con unos métodos de comercialización «prohibidos» por la Ley y por la directiva europea Mifid (Markets in Financial Instruments Directive).
«La entidades tienen que reconocer sus errores y sus malas prácticas», añadió. El letrado matizó que cada uno de los afectados «requiere un tratamiento específico», ya que cada banco ofreció un producto «distinto con técnicas comerciales distintas», y las soluciones aportadas ahora «también deben ser distintas».
Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectados de Citibank, Nicolás Benedí, anunció la constitución de una Comisión Gestora que se encargará de «diseñar y coordinar» las acciones extrajudiciales y de movilizaciones, «hasta que Citibank repare el daño que ha hecho a los ahorradores».