En su resolución, el juez pide a la Policía y a la Guardia Civil que elaboren sendos informes sobre los entrenamientos de las FARC y ETA en Colombia y la identificación de algunos de los implicados.
Una vez que el juez reciba estos informes decidirá si ordena la detención de los cinco etarras denunciados, tal y como pide la Fiscalía.
La querella está dirigida contra los presuntos etarras ‘Martín Capa’, «cuya verdadera identidad habrá de acreditarse», Iñaki Domínguez Atxalandaburo, José Ignacio Echarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez y Arturo Cubillas Fontán (que reside en Venezuela), así como «contra aquellos que vayan apareciendo como responsables de estos hechos durante la investigación».
La Fiscalía les considera responsables de los delitos de pertenencia a grupo terrorista, colaboración con banda armada y de conspiración para cometer homicidios terroristas, ya que, según la querella, cuatro guerrilleros colombianos pidieron colaboración a ETA para atentar en España contra el ex presidente Andrés Pastrana.
Correos electrónicos de ‘Raúl Reyes’
Según el escrito del fiscal, que parte del análisis de 25 correos electrónicos incautados en marzo del 2008 al dirigente de las FARC Luis Edgar Devia, ‘Raúl Reyes’, durante estos entrenamientos las FARC pidieron a ETA su colaboración para atentar en España contra el ex presidente colombiano Andrés Pastrana y otros cargos políticos y militares del país sudamericano.
En concreto, solicitaron su ayuda para «localizar en España» a Pastrana, a la que fue embajadora de Colombia en España, Noemí Sanín Posada; al ex candidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus; al vicepresidente de Colombia Francisco Santos y a otros cargos políticos y militares «con la finalidad de cometer un atentado contra ellos, bien en otro país de la Unión Europea».
A este respecto, la Fiscalía destacaba el «relevante» correo electrónico que ‘Raúl Reyes’ envió al también dirigente de las FARC Manuel Marulanda, ‘Tirofijo’, en el que destacaba «el compromiso de los de Euskalherria para contribuir con trabajos en España y otros países».
Para llevarlos a cabo, el terrorista Ramón Vargas Salazar se habría trasladado en dos ocasiones a España por orden del dirigente Edgar Gustavo Navarro Morales, ‘El Mocho’, para «realizar vigilancias sobre la Embajada de Colombia» y estudiar los itinerarios que Pastrana iba a realizar durante las visitas que llevó a cabo el 8 de marzo y el 30 de septiembre del 2000. A este respecto, la Fiscalía pedía que se acredite la veracidad de este viaje.
Comisión rogatoria internacional
Del mismo modo, el Ministerio Público pedía que se identificara a otros tres miembros de ETA apodados ‘Enrique’, ‘Dani’ e ‘Indio’ que también habrían asistido a estos campamentos y que se tomara declaración a otros siete miembros de las FARC que habrían participado en los encuentros. Se trata de Alfredo Vargas Gómez; Diana Yamile Álvarez Galvis; José Dabid Quebrada, ‘Yoyo’; Paola Andrea Rodríguez Martínez, Juan Carlos Celis González y Rosember Gutiérrez Puertas; y otros dos conocidos con los alias de ‘Camilo’ y ‘Carlos’.
También solicitaba que se librara una comisión rogatoria internacional para obtener más documentación sobre esta causa.
En un escrito de 17 folios en el que repasaba las relaciones entre ambos grupos terroristas desde 1993, la Fiscalía sostenía que la colaboración entre este grupo y ETA se extendió a la celebración de cursos en los campamentos de Noel Matta Matta, ‘Nariño’; y Luciano Martín Arango, ‘Iván’; donde al menos cuatro miembros del grupo colombiano «habrían recibido formación para el manejo de explosivos».
Los cursos habrían sido impartidos por ‘Martín Capa’ y Domínguez Atxalandaburo, que se desplazaron, según la Fiscalía, a la selva colombiana en agosto del 2007 para explicar el manejo de explosivos a 13 miembros de las FARC y siete del Frente de Liberación Bolivariana (FLB).
El curso duró unos 20 días, a razón de dos horas diarias, e incluyó sesiones teórico-prácticas sobre el manejo del C-4, un explosivo con «un efecto destructivo superior» al de la dinamita y de fácil adquisición en Venezuela. Además, Domínguez impartió una clase sobre la utilización de teléfonos móviles como mecanismo iniciador de las cargas explosivas.