Sebastián insistió en que la solución del déficit tiene que pasar porque las compañías eléctricas hagan su aportación, «como lo hacen los consumidores y lo hará también el Presupuesto del Estado».
«Cuando haya un acuerdo para eliminar ese déficit tarifario tendremos una propuesta para la subida de la luz, que será razonada y razonable y, desde luego, no será de la magnitud que hoy publican algunos medios», afirmó el ministro.
El Ministerio de Industria trabaja con las compañías eléctricas en un acuerdo para eliminar el déficit de tarifa que incluiría la posibilidad de distribuir en tres años las subidas en el recibo de la luz necesarias para acabar con el desajuste.
Las conversaciones con las eléctricas están avanzadas y se asientan sobre tres principios de acuerdo: subidas de tarifas, un bono social para potencias de menos de 4,4 kilovatios (kW) asociado a la renta y traslado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de algunas de las partidas de la tarifa eléctrica no relacionadas con el suministro.
Sobre las subidas, se han barajado incrementos de entre el 8% y el 10% durante los próximos tres años, de modo que al final del periodo se cumpla la reivindicación de Unesa y de la CNE de incrementos de cerca del 30% que impidan que siga aumentando la deuda eléctrica.
En cuanto al bono social de la luz, las compañías han ofrecido al ministro sustituir la actual tarifa social por esta modalidad, que se concederá a las rentas bajas y que, de manera temporal, será sufragada por las propias eléctricas.
Sebastián apuntó que la revisión de la tarifa dependerá de que haya un acuerdo para la eliminación del déficit y aseveró que «si no hay acuerdo no habrá subida de la luz, porque no van a ser los consumidores los únicos que resuelvan el déficit».
«Las cosas se arreglan muchas veces en una noche», ironizó el ministro tras ser preguntado por el poco margen de tiempo que queda para que se pueda revisar la tarifa de cara aplicar una subida el 1 de enero de 2009.
El ministro de Industria defiende desde hace meses que la solución del déficit se basará en la reducción de los costes que se pagan mediante la tarifa y que en ese ajuste deberán contribuir todos: los consumidores, las empresas y la Administración.
Los consumidores contribuirían mediante las subidas que se acuerden en los recibos de la luz, en tanto que la Administración lo haría asumiendo vía Presupuestos Generales algunos conceptos recogidos en la tarifa, entre los que se han mencionado las primas a las energías renovables.
Traslado de costes
En cuanto a las exigencias del sector, las eléctricas piden al Gobierno que traslade a los PGE algunas partidas de la tarifa eléctrica no relacionadas con el suministro, entre ellas las primas a las renovables, los costes extrapeninsulares, el fomento a la eficiencia o algunos impuestos
como el IVA o el impuesto eléctrico.
Sobre el IVA, la posición de las empresas contempla una rebaja de esta partida del 16% al 7% que reduciría en torno a 1.000 millones de euros el desajuste del sector eléctrico.
Los costes extrapeninsulares rondan los 1.400 millones anuales, mientras que los impuestos a la electricidad, que recaudan las comunidades autónomas, suponen otros 1.700 millones.
El fomento a la eficiencia ronda los 275 millones, mientras que las primas a las renovables supusieron durante 2007, según la patronal AEE, cerca de 950 millones.
La deuda eléctrica ha crecido de forma exponencial en los últimos años y rondará a finales de año los 15.700 millones en términos acumulados. En 2009, el importe acumulado podría alcanzar los 22.500 millones.
Como parte de la negociación entre Industria y las eléctricas, está por ver si el Gobierno concederá avales de Estado al déficit que se coloca entre los bancos en las subastas ‘ex ante’ y si las compañías se mostrarán flexibles con los consumidores del G.4 –cinco fábricas de Alcoa, ArcelorMittal y Asturiana de Zinc–, cuya tarifa se liberalizará a partir del 1 de enero.