El proyecto de ley será remitido ahora a las Cortes autonómicas para su tramitación por el procedimiento de urgencia y en lectura única, para que pueda estar aprobado antes de que acabe el mes de diciembre.
Además de la «importancia singular» de General Motors para Aragón en términos de contribución al PIB, empleo (trabajan 7.500 personas) y balanza exterior, el Gobierno de Aragón ha tenido en cuenta para aprobar la concesión del aval las inversiones que la factoría tiene que hacer para la fabricación de la próxima generación del Opel Meriva.
La designación de Figueruelas para fabricar este modelo, ha recordado Larraz, tuvo importantes efectos en la planta aragonesa, así como múltiples implicaciones para todo el empleo en el sector auxiliar, que se quieren salvaguardar con la concesión de este aval, que para Larraz tiene por tanto carácter de «medida estructural».
En el proyecto de ley se especifica que la duración máxima del aval será de cinco años y que un incumplimiento del destino para el que ha sido concedido supondrá «causa automática de cancelación».
Pero el consejero ha incidido en que el Gobierno de Aragón no tienen dudas de que la planta de Figueruelas vaya a cumplir sus compromisos respecto a la fabricación del nuevo Meriva antes del 30 de abril del 2010.
General Motors España debe de sustentar este aval con «activos suficientes» para el caso de que no pueda llevar a cabo la restitución del préstamo y que, según Larraz, pueden ser muchos, desde los edificios a la maquinaria, pasando por la planta fotovoltaica de la factoría.
En el contrato que se firmará para la concesión del préstamo con General Motors se especificará cuáles son estas garantías, que el Gobierno de Aragón ejecutaría en el caso de que GM no restituyera sus préstamos.
La concesión del aval, sin embargo, no está condicionada al mantenimiento del empleo, puesto que este aspecto está en manos de la autoridad laboral que debe de resolver los expedientes de Regulación de Empleo de la compañía, el primero de cuales entró en vigor en noviembre y afectará a 600 trabajadores.
El consejero ha apuntado que el Gobierno de Aragón es «muy respetuoso» en este sentido con los acuerdos a los que llegan los sindicatos y la dirección de la empresa y hasta ahora no se ha aprobado ninguno sin acuerdo del Comité de Empresa.
La importancia de contar con una empresa como GM, que lidere un sector industrial fuerte, constituye una de las prioridades de la política económica e industrial de Aragón como mecanismo para garantizar el crecimiento y el empleo.
Aragón es la primera Comunidad Autónoma de las que cuentan con industrias automovilísticas que aprueba una medida económica de apoyo al sector para superar la crisis.
Larraz ha insistido, en este sentido, que el Ejecutivo no podía permitir que la factoría de Figueruelas, «la más eficiente del grupo GM», no estuviera preparada para tener el nuevo modelo a punto en el plazo marcado, con la vista puesta en la recuperación de un mercado, el automovilístico, que funciona «a oleadas».
ERE de 17 días
El presidente del Comité de Empresa, José Juan Arceiz, explicó que en la reunión que la representación de los trabajadores mantuvo ayer con la dirección de GM España ésta ha anunciado la presentación, en un par de días, del nuevo ERE de extinción temporal de empleo, que se aplicará a días sueltos conforme se vaya necesitando ajustar la producción.
Ésta es una de las medidas que propone la dirección para asumir en la planta de Figueruelas el recorte en un 20% de la producción de vehículos, medida establecida por la multinacional automovilística para todas sus fábricas europeas.
La empresa propone que los días de paro incluidos en el ERE se compensen con un 10% del salario de tablas, que habrá que sumar a las percepciones por desempleo legalmente establecidas.
El Comité de Empresa, en un primer análisis de la propuesta, considera «totalmente insuficiente» esta oferta y condiciona la aceptación del ERE a un incremento de estas cantidades.
Lo que sí consideran positivo es que la dirección haya aceptado disminuir la producción diaria como una manera de reducir los días de regulación del 2009.
Además se ha descartado la eliminación del turno de noche, que era otra de las solicitudes de los sindicatos, ha recordado e Efe José Juan Arceiz (UGT).
Una vez que la empresa presente el nuevo ERE ante la autoridad laboral y haga llegar la memoria justificativa a los sindicatos se abrirá un periodo de negociación de 15 días, tras el que la Dirección General de Trabajo tendrá otros 15 días para tomar una decisión.
Este sería, de ser aprobado, el segundo ERE que se aplica en la planta zaragozana, donde desde el pasado mes de noviembre está en vigor otro expediente de regulación que afecta durante un año a 600 empleados de la plantilla, que la componen unos 7.500 trabajadores.