Fidalgo aseguró que España «ha tenido un ciclo de crecimiento económico muy aparatoso, muy vistoso», pero basado sólo en «la apreciación artificial del precio de la vivienda residencial» y el endeudamiento familiar, algo que «no se puede repetir».
El dirigente sindical afirmó que, en este contexto, «hay que apoyar a los parados, hay que apoyar a las empresas» para salir de la crisis, pero con un nuevo modelo productivo, que «nos de competitividad a la economía nacional, calidad en el empleo y cohesión económica y social».
Fidalgo, que declaró que la crisis en España «posiblemente va a ser más larga que en otros países» porque el modelo económico «era insostenible», aseveró que «hay que empezar a poner los cimientos para que las cosas en el futuro no puedan ser así».
Méndez, por su parte, subrayó que «la reactivación económica necesita seguridad y confianza y de eso es de lo que hay que hablar: de cómo dar seguridad a las familias, de cómo proteger sus salarios, de cómo evitar la destrucción de empleo».
En este sentido, el dirigente sindical aseguró que inyectar seguridad y confianza implica también acelerar la gestión de las prestaciones por desempleo y de las políticas activas, así como incrementar la protección por desempleo. «Es muy importante que los trabajadores en paro tengan garantizada la protección ahora y en el futuro, en caso de que agotaran la prestación», destacó.
El líder de UGT señaló además que, aunque las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno van en la «dirección correcta», deben coordinarse con las de las administraciones autonómicas. Por ello, reclamó la convocatoria de una Conferencia de Empleo e Industria, presidida por el Gobierno central, con la participación de las comunidades autónomas con competencias en materia de empleo.
Méndez también hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades laborales extremen la vigilancia sobre los expedientes de regulación de empleo para evitar que las empresas no afectadas por la crisis utilicen la misma como coartada para incrementar sus beneficios recortando sus plantillas.
«Se trata de prácticas insolidarias, que rayan la inmoralidad», denunció Méndez, que pidió que todos aquellos EREs que no tengan el respaldo sindical o que carezcan de plan social sean sometidos a un «escrutinio total» por parte de las autoridades laborales competentes.
El líder de UGT mostró además su preocupación por el mal uso que se está haciendo de la Ley Concursal, ya que los nuevos procedimientos concursales no están sirviendo al «objetivo teórico» de los mismos, el de salvar empresas. Por el contrario, alertó de que en muchos casos se está utilizando esta Ley para «sortear» expedientes de regulación de empleo y extinguir los contratos de los trabajadores con una indemnización «mínima», de 20 días por año trabajado.
Además, dijo, la insuficiencia de recursos en los juzgados está retrasando la tramitación de los procesos concursales, siendo los trabajadores las «víctimas» de esta situación. «Se quedan en una especie de limbo: sin trabajo y sin cobrar el paro», advirtió.
Por todo ello, el dirigente sindical instó a reformar la Ley Concursal, recuperando en los concursos de acreedores los procedimientos laborales, «ahora subsumidos» en un procedimiento más general.