«El gasto público innecesario, superfluo,
Es el primer síntoma del totalitarismo»
(Baura)
En Extremadura, por empezar con un ejemplo, vive poco más de un millón de personas, el 2,75 por ciento de la población española. El 30 por ciento de su población activa, prácticamente 1 de cada 3, son funcionarios o cobran del Presupuesto. Una patológica desproporción, no muy distante de la media nacional española, que nos condena irremisiblemente a no poder aspirar a la tabla de honor de los países más prósperos del mundo.
Señalo lo de más arriba como muestra de que España es, para los españoles, un lujo insoportable. Ser español sale demasiado caro, y lo peor de todo es que la relación calidad-precio, si se prescinde del sol, las cañas con los amigos y las consideraciones sentimentales, es de las peores de toda la Unión Europea.
En España -¡pónganse a temblar quienes no lo sean!- hay 1 funcionario por cada 8,7 trabajadores activos. Sólo las comunidades autónomas, sin contar los del Estado y los ayuntamientos, suman más de 1,3 millones de funcionarios con nóminas superiores a la media salarial en el sector privado. Si les sumamos los 600.000 del Estado y los 700.000 -más los «contratados»- de los ayuntamientos, podemos ver dónde va a parar una buena parte de la fiscalidad que, no sin dolor, nos ordeñan las administraciones -nacional, autonómicas y locales-.
El mal no lleva camino de arreglarse. Todo lo contrario. En la última década, a pesar de las prédicas de austeridad que son comunes a todos los partidos políticos, especialmente al PP y al PSOE, el número de empleados públicos ha aumentado en más de 500.000. ¿Alguien sabe para qué? Dicho de un modo más comprensible: en ese tiempo el total de la población española ha crecido poco más del 12 por ciento, pero los funcionarios duplican esa tasa de crecimiento. Se justifica, sin muchas más explicaciones, una «objeción de conciencia fiscal».
El epígrafe en el que, por absolutamente innecesario, más irritante resulta el despilfarro público, del que no se salva ninguno de los partidos con mando nacional o autonómico, presente o pasado, es el de las televisiones públicas. Algo que, además de atentar seriamente contra el derecho que tienen los ciudadanos a «recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión», constituye una sangría económica.
Hay en España, además de los muchos canales de TVE, 13 Comunidades con televisiones públicas -sólo 4 no han caído, todavía, en tan faraónica práctica- que gastan al año por encima de los 3.000 millones de euros, medio billón de pesetas. Su déficit previsible a para este año 2008 supera los 2.000 millones de euros. ¡Y no pasa nada! Ésas son, por si pareciera poco, las cuentas públicas y confesadas. Sus endeudamientos, especialmente con las CCAA, resultan no cuantificables, y a ello hay que añadir la publicidad pública que acumulan y las subvenciones encubiertas que, además de las confesadas, reciben constantemente.
Entre las autonómicas, la más costosa es la de Cataluña. Tiene una subvención de 305 millones de euros y supone, sin contar la pérdida disimulada, un gasto de 154 euros por hogar catalán. Andalucía -181 millones de subvención-, la de mejor índice de audiencia entre todas las autonómicas, le cuesta a cada familia, véala o no, 108 euros anuales. No se queda atrás la televisión de la Comunidad Valenciana, cuya subvención es de 155 millones de euros y le sale a cada familia valenciana por 144.
En Extremadura, ya que comenzábamos allí esta reflexión sobre el alto e injustificable precio que tiene el ser ciudadano español, su televisión autonómica es la más modesta y su subvención -para una audiencia media inferior a los 18.000 espectadores- se queda en 14,5 millones de euros. Una ganga que les cuesta a los extremeños 65 euros por familia.
Como asegura Baura en el penacho que adorna esta columna, el totalitarismo arranca con el desprecio al dinero y al esfuerzo de los ciudadanos. Aquí se gasta mucho e indebidamente sin que se sepa muy bien para qué; pero resulta altamente sospechoso e inquietante que, en lo que al gasto público respecta -no hablo de inversiones públicas, que son otra cosa-, no haya una voz seriamente discordante entre todos los partidos significativos en el arco político. Menos todavía en lo que se refiere a las televisiones públicas, una patología de la democracia que hermana al PP y al PSOE con los grupitos nacionalistas. ¿Admitiríamos la existencia de una red de diarios del Estado y de las Autonomías? Al paso con el que democráticamente retrocedemos en formas y usos democráticos, todo se andará.