«Si una compañía como Sacyr tiene problemas para continuar en Repsol, el Estado debe ayudarla», indicó, a la vez que aportaba otra posible solución: «que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales compre las acciones que están en juego».
El secretario general de la FIA-UGT advirtió de que su sindicato no permitirá que las empresas aprovechen la crisis para disminuir los derechos de los trabajadores, incluida la congelación de los salarios.
La actualización de los sueldos de los trabajadores según el IPC real no supone más del 15% del gasto de las empresas, cuyos presupuestos se destinan en más del 60% a hacer frente a costes energéticos y tributarios, según Deusa.
Por su parte, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios, Aemec, remitirá la semana próxima un escrito a los servicios jurídicos de la Comisión Europea con el objetivo de que estudie la legalidad de la operación de Lukoil sobre Repsol respecto a la protección de los intereses de los accionistas minoritarios, que representan al 50% del accionariado de la compañía.
El secretario general de la Aemec, Javier Cremades, se reunió ayer con el director de la representación en España de la CE, José Luis González Vallvé, para trasladarle su decisión de recurrir a instancias europeas y para solicitarle una entrevista con un representante de la Comisión Europea.
«Aemec va a activar los mecanismos para involucrar a la CE en este proceso», afirmó Cremades, quien explicó que solicitarán que se estudie la legalidad de la operación respecto «al control de concentraciones y cómo afectará al mercado del gas».
La Asociación mantiene que el pago de «una prima de control de casi el doble del valor de la acción» por parte de Lukoil por una participación de Repsol que podría estar entre el 20% y el 29,9 del capital de la compañía supondrá excluir a los accionistas minoritarios, que no podrán acceder a dicha prima.
«Esta operación es una prueba para toda Europa, porque es una compañía comunitaria con inversores europeos y por eso se pide que la CE se pronuncie sobre los minoritarios», explicó Cremades, quien defiende el lanzamiento de una opa por el 100% de la compañía.
Aemec reclama que la legislación española recoja el artículo 5 de la Directiva 2004/25/CE, que obliga a lanzar una opa a quien quiera adquirir el control de la sociedad con el fin de proteger a los accionistas minoritarios, y pide el análisis jurídico de la CE.