«¿Es la instrucción pública el primer origen de la prosperidad social?». Esta es la pregunta con la que Jovellanos, gran pensador ilustrado español, invita a la reflexión. «Sin la educación, la razón es una antorcha apagada; ella es la encargada de alumbrar todos los reinos de la naturaleza y descubrir sus más ocultos senos…así es como la educación mejora al ser humano, el único que puede ser perfeccionado por ella». Y esta es la respuesta que plantea ante el eterno dilema educativo universal.
Doscientos años después y a pesar de su evidencia, no todos los gobiernos ni las instituciones implicadas en la educación lo tienen tan claro. La indecisión, la falta de perspectiva, la ausencia de una política continua y sistemática de educación. Es la norma en muchos países. Con el propósito de solucionar dicha situación nace el Proceso de Bolonia, oficialmente conocido como Espacio Europeo de Educación Superior, acuerdo firmado en 1999 en la ciudad italiana por 29 ministros de educación de la Unión Europea.
Una nueva realidad educativa. Un nuevo escenario de oportunidades profesionales para todos aquellos universitarios europeos que decidan emprender su carrera laboral fuera de su país de origen. Esto es lo que constituye el vapuleado Plan Bolonia, «un sistema universitario abierto a la movilidad y la competitividad internacional, y basado en la autonomía académica y la responsabilidad social de las universidades», según palabras de Miguel Ángel Quintanilla, Catedrático de Lógica y Filosofía y ex-Secretario de Estado de Universidades e Investigación.
Su contenido se resume principalmente en cuatros puntos: homologación de títulos universitarios a nivel europeo, movilidad estudiantil, estudios planificados en tres niveles (grado, master y doctorado), y estructuración de las enseñanzas en créditos llamados ECTS, que se obtendrán no sólo acudiendo a clase, sino realizando trabajos fuera de las aulas.
Aportaciones del Gobierno español a la reforma educativa
Hace un año que el Consejo de Ministros aprobó la puesta en marcha de los acuerdos recogidos por el controvertido «Plan de convergencia». Entre las medidas adoptadas por el Gobierno destacaron las referidas a la modificación de las titulaciones de médico, veterinario, arquitecto y maestro en educación Primaria e Infantil, quizás la más significativa, puesto que se aumentó la duración de la carrera de tres a cuatro años.
Labor del Gobierno también ha sido la planificación de los estudios en grados y posgrados. A diferencia del resto de Europa, España ha decidido establecer su grado en cuatro años -en lugar de tres- y su master en uno o dos años -en lugar de dos o tres-, exceptuando carreras como veterinaria, medicina y arquitectura, que continuarán como hasta ahora, teniendo en cuenta las posibles modificaciones que se hagan en lo que respecta a sus planes y a la incorporación de los obligatorios ECTS.
Fututo incierto es el que presentan las carreras técnicas, cuyo destino aún no se ha decidido. José Javier Medina Muñoz, presidente del Instituto de Ingenieros Técnicos de España escribió en el diario ‘El Mundo‘ un artículo protestando ante la situación de dichas titulaciones: «No tendremos graduados de Ingeniería hasta 2.014 en el mejor de los casos. Pero eso no es lo peor, lo peor es que…no tendremos auténticos graduados en Ingeniería».
Aunque llamativo es el caso de los informáticos que, indignados ante la falta de atención por parte del gobierno, han decidido organizarse y protestar ante lo que ellos consideran una injusticia: «El Ministerio no ha querido hacer fichas para esta carrera lo que significa que en el futuro cada universidad podría hacer su propio plan de estudios por lo que realmente la informática de una universidad no tendría nada que ver con la de otra».
Huelgainformática.es, un grupo de profesionales anónimos unido en la cruzada emprendida contra el gobierno ha confirmado a Estrella Digital que a ellos «no les afecta Bolonia, sino el Gobierno español», que en definitiva es el que elige las titulaciones que las universidades españolas impartirá, labor encomendada a la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA).
Reivindicación del sector estudiantil
Desde hace semanas, los encierros en las universidades públicas españolas son constantes; así como las manifestaciones en contra de los que muchos llaman la «mercantilización de la educación».
Privatización, degradación de títulos universitarios y supeditación de la universidad a intereses del mercado son algunos de los aspectos que más preocupan a los estudiantes españoles.
Un alto porcentaje de los opositores son conscientes de que Bolonia no tiene la culpa, sino que simplemente es la excusa que el Gobierno necesitaba para llevar a cabo una profunda reforma en la mayoría de las licenciaturas.
Pese a existir distintos puntos de vista en cuanto a la reforma planteada desde Europa, la mayoría de los estudiantes coinciden en la reivindicación promovida por diversas asambleas: que las tasas de las matrículas no suban, que los máster tengan precios públicos y asequibles, que se aumente el número de becas para todas las titulaciones de Grado y Máster, y que las prácticas obligatorias que se van a requerir en el cuarto curso sean gratuitas.
Respuesta al caos
Otra de las cuestiones que más crispación ha suscitado entre los opositores a Bolonia ha sido la desvinculación de las universidades respecto al Ministerio de Educación. Una importante reforma del actual Ejecutivo que ha llevado a las universidades a depender del Ministerio de Ciencia e Innovación, con Cristina Garmendia a la cabeza.
El hecho de que Garmendia, una profesional procedente del mundo de la empresa, esté al frente de las universidades ha despertado desconfianza entre todos aquellos que creen que la reforma trae consigo la mercantilización de la educación, así como la transformación del conocimiento en innovación.
Esta misma semana, tanto el Ministerio de Ciencia e Innovación como la Secretaría de Estado de Comunicación ha anunciado públicamente la puesta en marcha de una campaña informativa. Una iniciativa con la que se pretende explicar a la sociedad los cambios que ya están en marcha y tranquilizar a los rectores de las universidades más importantes del país, desbordados e indefensos ante los consecutivos encierros y manifestaciones protagonizadas por el sector más contrario a la reforma educativa.