Los manifestantes, muchos de ellos con sogas al cuello, encendieron antorchas para recordar a todas las personas que por sus inclinaciones sexuales viven perseguidas o incluso pierden la vida.
Entre ellos se recordó como en el 2005, dos chicos iraníes de 16 y 18 años, que habían admitido que mantuvieron relaciones sexuales, fueron colgados en la plaza Edalat (Plaza de la justicia) en la ciudad de Mashhad, al nordeste de Irán.
La ex diputado transexual del partido Refundación Comunista, Vladimir Luxuria, que lideró la protesta, recordó que en los últimos años en Irán se han ahorcados a miles de personas por sus orientaciones políticas o sexuales, y mostró su estupor porque la iglesia Católica «pueda continuar y aceptar una situación de este tipo». Para Luxuria, sería una gran ocasión que el papa Benedicto XVI recibiese a una delegación de homosexuales para discutir los problemas de este colectivo.
La ex diputada consideró que la Iglesia Católica cae en una gran contradicción cuando «lucha por la defensa de la vida, salvando los embriones y oponiéndose a la eutanasia, pero después rechaza despenalizar la homosexualidad».
Durante la protesta se leyeron algunos de los numerosos mensajes de solidaridad por parte de sacerdotes y asociaciones católicas que en estos días han llegado a las asociaciones homosexuales italianas.
El Vaticano mostró su oposición a la propuesta que Francia, como presidente de turno de la UE, quiere presentar ante la ONU, al argumentar que la despenalización de la homosexualidad puede «convertirse en un instrumento de presión o discriminación» contra aquellos -como la iglesia Católica- que sólo aceptan como válido el matrimonio entre un hombre y una mujer.
El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, explicó entonces que «obviamente ninguno quiere defender la pena de muerte para los homosexuales», y puntualizó que hay 150 Estados miembros de la ONU que no se han adherido a la propuesta francesa.
En el documento francés no se habla de matrimonio entre homosexuales, y sólo se pide a los países que tomen «las medidas necesarias, administrativas y legislativas, para garantizar que la orientación sexual y la identidad de género no sean bajo ninguna circunstancia causa de sanción penal, en particular, ejecución, arresto o detención».