Este documento también cita textualmente el informe publicado por El País en el que ya se dejaba entrever la concesión de la autorización, firmado por Aguirre de Cárcer el mismo día, y que Exteriores no ha encontrado en sus archivos. Moratinos ha comentado que los cuatro aviones en los que se habla en la nota (C-17) y otro C-141 estuvieron estacionados en la base de Morón desde el 6 de enero hasta finales de marzo del 2002 para dar servicio en caso de avería a los aviones provenientes de Afganistán.
En otro escrito del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, del que ha dado cuenta el ministro en su comparecencia, se reseña que a pesar de tener permiso para permanecer en Morón hasta el mes de mayo del 2002, los cuatro aviones abandonaron la base «dos meses antes sin haber prestado el servicio de emergencia previsto». El ministro ha aclarado las dudas que los grupos minoritarios han expuesto sobre los 24 vuelos a Guantánamo que pasaron por España entre enero del 2002 y noviembre del 2006.
De estos vuelos, once hicieron escala en España con origen o destino a Guantánamo entre el 2 de mayo del 2002 y el 13 de noviembre del 2006. Los otros trece restantes -entre el 11 de enero del 2002 y el 17 de septiembre del 2004- sobrevolaron espacios aéreos internacionales sobre el Estrecho de Gibraltar, pero no sobre el espacio propiamente español, según Moratinos. El ministro también ha disipado dudas asegurando que ninguna de estas aeronaves que pararon en aeropuertos españoles transportaban prisioneros ilegales.
Primera comparecencia
Moratinos ya dio cuenta de todos estos tránsitos cuando compareció por primera vez ante el Congreso para hablar de este asunto en noviembre de 2005 para defender la legalidad de todas las escalas que hubo en España. También lo hizo en el Parlamento Europeo en Bruselas en septiembre de 2006, en el marco de la investigación emprendida por la Eurocámara sobre la actividad del espionaje estadounidense en varios países de la UE.
La relación de los once vuelos que hicieron escala también ha sido remitida por el Ministerio de Defensa al juez Ismael Moreno, que instruye el caso en la Audiencia Nacional. Estos vuelos hicieron escala en las bases militares de Morón, Rota (Cádiz) y Torrejón (Madrid).
Según el departamento que dirige Carme Chacón, estos vuelos militares regulados por el Convenio bilateral de Defensa «han respetado plenamente las disposiciones vigentes sobre la materia» y «no transportaban pasajeros ni carga que pudieran ser controvertidos para España».