El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, aseguró hoy que el plan, que tiene como objeto la creación de 300.000 empleos en 2009, trata de «paliar los efectos de la crisis en los ciudadanos más vulnerables», en un contexto de «rápido debilitamiento» de las circunstancias económicas y financieras que exige actuar de manera «urgente».
El decreto ley crea dos fondos, uno de 8.000 millones para ayuntamientos y otros de 3.000 millones repartido entre sectores estratégicos como automoción (800 millones) I+D+i (490 millones) ó Dependencia (430 millones).
El ministro de Economía y Hacienda reiteró que su contenido se enmarca en el conjunto de medidas extraordinarias para dar respuesta a un «contexto de intenso deterioro de las condiciones financieras y económicas», tal y como se propuso en las cumbres del G-20 en Washington y en la UE del pasado mes.
«Partimos del principio de solidaridad», recalcó Solbes, quien detalló que este decreto plantea un importante «estímulo presupuestario excepcional» y un capitalización de la economía mediante la inversión pública y el «estímulo coyuntural» de sectores estratégicos para crear empleo.
«Esta actuación de carácter urgente excepcional supone un esfuerzo importante por parte de administración local y la Administración General del Estado y evidencia el compromiso de la Administración Pública con nuestros ciudadanos», insistió.
Dudas sobre ANV
El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, aseguró que «se nota que los socialistas gobiernan porque crece el paro», mientras que se presenta el tercer decreto ley en ocho meses, tras la devolución de los 400 euros y el proyecto de apoyo al sistema financiero. «¿El Gobierno está tomando la iniciativa o es que está tocando todas las teclas porque no sabe tocar el piano?», recalcó.
Para Montoro, el grado de endeudamiento de la economía española es tal que equivale a tres puntos del PIB y eso hace que sea «tan vulnerable» a la crisis y que cuente con «un millón» de parados más en un año, ante lo que la «única filosofía» del Ejecutivo es «siempre gastar más» sin explicar «de dónde viene ese dinero» y quien va a suscribir esa emisión de deuda pública. «Los socialistas son expertos en vivir del cuento», remachó.
Asimismo, Montoro señaló que el Ministerio de Administraciones Públicas «no es capaz» de supervisar correctamente «tal aluvión» de proyectos, ni afrontar las «dudas esenciales» que suscita la financiación de partidos gobernados «por el brazo político del terrorismo en España», en alusión a ANV. «¿Hay que darle más dinero a huestes políticas que representan a ETA, como ha reconocido el Tribunal Supremo?», sentenció, recibiendo una larga ovación de la bancada ‘popular’.
El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, reprochó a Montoro su «desfachatez» por aprovechar este argumento para criticar las medidas. «Nosotros no queremos a los radiales de ANV en los ayuntamientos», recalcó y reivindicó la figura del Gobierno como «firme garante y defensor de las instituciones y de las leyes».
Más crítico con Montoro se mostró el propio Solbes, quien después del debate acusó al dirigente ‘popular’ de «haberse superado sobreactuando» en su discurso, recurriendo «a todos los tópicos políticos y económicos» en su ataque al decreto ley para, finalmente, decantarse por la abstención, algo que muestra una «inconsistencia» en el discurso del PP «tan obvia como cuando votaron con ERC contra los Presupuestos».
Asimismo, aseguró que Montoro «no se ha atrevido a votar en contra» de la creación del fondo porque muchos alcaldes del PP lo apoyan.
El diputado de UPN, Carlos Salvador, formación del Grupo Mixto, fue el único participante en el debate que apoyó la tesis del PP, llamando la atención sobre el riesgo de que el fondo de inversión local beneficie a los ayuntamientos de ANV, ante lo que exigió un «esfuerzo de transparencia» en la gestión del mismo.
En línea similar al PP, pero en lo referente a los argumentos económicos, se expresó la diputada de UPyD, Rosa Díez, quien censuró duramente el incremento de gasto público que suponen las medidas, que considera inútiles frente a la crisis y a la destrucción del empleo, ya que la solución pasa, a su juicio, por apoyar directamente a las empresas. «Las empresas son las que crean empleo, no los fondos de pernada», aseveró.
Por su parte, los representantes de ERC, Joan Ridao, e ICV, Joan Herrera, cuyas formaciones comparten grupo parlamentario con Izquierda Unida, coincidieron en censurar la ineficacia y «lo tardío» de las medidas, que no resuelven la reivindicación «histórica del municipalismo», y además invaden las «competencias autonómicas».
«Es un episodio más del libro deshilvanado» señaló Ridao, mientras que Herrera apuntó que estas medidas debían haber sido implementadas durante el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para 2009.
Por su parte, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, pidió al Gobierno que busque un «círculo virtuoso» de liquidez para las empresas y para el empleo, que contrasta con el «popurrí inconexo» de «fuegos artificiales» presentado hasta ahora. Respecto al decreto ley, censuró que el fondo de inversión local «no es equitativo» en su reparto y mantendrá un déficit de inversiones locales, invadiendo además las competencias de las comunidades autónomas, si bien brindó su apoyo «por el esfuerzo de inversión pública».
Su homólogo del PNV, Pedro Azpiazu, vinculó el decreto ley con el acuerdo de I+D+i alcanzado entre su formación y el Gobierno a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, y aseguró que considera justificadas las medidas contenidas por el esfuerzo «urgente» en inversión pública que supone. «Hoy tenemos que salir del bache, ya hablaremos después de cómo pagamos la factura», remachó, si bien lamentó la falta de coordinación de los «Estados Desunidos de Europa» en una respuesta a la crisis.
BNG, Coalición Canaria, y Na-Bai, formaciones integradas en el Grupo Mixto junto a UPyD y UPN, también se mostraron especialmente críticos con el decreto, al que sin embargo respaldaron, asegurando que la medida no resuelve el debate sobre la financiación local, y en varios casos censuraron duramente el plazo para la solicitud de las ayudas, que perjudica a los ayuntamientos pequeños.ECOECO