El Fondo de Adquisición de Activos Financieros, con cargo al Tesoro Público, adjudicó ayer en su segunda subasta 7.224 millones de euros, el 91,6% de los 7.885 millones disponibles, a 31 entidades financieras, para que incentiven la concesión del crédito a empresas y familias.
La cantidad asignada, muy próxima al máximo disponible, cumple con las previsiones del Gobierno y del sector, que confiaban en que en esta ocasión las entidades demandaran más recursos que en la primera subasta, celebrada el pasado 20 de noviembre, y en la que no se adjudicó ni la mitad de los 5.000 millones disponibles.
En esta segunda puja las entidades solicitaron 9.479 millones, un 20,21% más de la cantidad puesta a su disposición y el fondo adquirió los activos a las entidades en operaciones de compra en firme a un interés marginal del 3,750%, del 3,934% de media, y con un plazo de vencimiento medio de tres años.
La compra en firme y el menor miedo a que las entidades queden marcadas por acudir a las subastas, sumado a que la puja se produce después de que el Banco Central Europeo haya bajado los tipos de interés al 2,50% hacían la oferta «más atractiva» que en la primera ocasión.
Según Economía, 37 entidades presentaron 96 ofertas y solicitaron 9.479 millones del máximo de 7.885 millones disponible en la puja, ya que a la dotación inicial de 5.000 millones hay que sumarle el excedente de la primera subasta, que ascendía a 2.885 millones, y finalmente se aceptaron 62 ofertas de 31 entidades.
Entre las entidades solicitantes, no necesariamente adjudicatarias, están Bancaja, Banco Sabadell, CAM, Caixa Galicia, BBK, Caixanova, Caja España, Caja Castilla-La Mancha, Caja Duero, Caja Navarra, Caja Sur y Caja Granada.
También participaron Cajastur, Cajacanarias, Caixa Sabadell, Caixa de Terrassa, Caixa Tarragona, Caja Vital, Caja Segovia, Caja de Ávila, Caja La Rioja, Caja de Jaén y Caja Insular de Canarias, según fuentes del sector.
Entre estas entidades, la CAM resultó adjudicataria, aunque no ha trascendido la cantidad, además de Caixa Galicia, Caixa Sabadell, Caixa Terragona, Caja Segovia y Caja Ávila, agregaron.
Caja Sur logró 125 millones de los 150 pedidos; BBK, 71 millones, un tercio de lo demandado; Caja Navarra, 50 millones de 140 pedidos; Caixanova, 50 millones, y la Insular de Canarias, 20 de los 50 millones solicitados.
Caja Duero, que había pedido 100 millones; Caixa Terrassa, que solicitó 96 millones; Caja Vital; Caja España, y Caja Rioja reconocieron que no habían sido adjudicatarias debido a que el tipo de interés ofrecido estaba por debajo del fijado en la subasta.
Las entidades de mayor volumen no se presentaron en esta segunda subasta, según fuentes del sector, que recordaron que las entidades interesadas en acudir a cualquiera de las dos subastas debían comunicarlo antes de las 17:00 horas del 13 de noviembre. Para conocer el total de entidades participantes habrá que esperar cuatro meses hasta que Solbes lo revele en el Congreso.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, se felicitó por el «éxito» de las dos subastas llevadas a cabo, con cargo al Tesoro Público, por el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, que ha conseguido los objetivos previstos para este año. Tras asistir al pleno del Congreso que aprobó el fondo anticrisis de 8.000 millones, Solbes se referió a la segunda subasta.
«Era lo que esperábamos», dijo el ministro, quien explicó que en la primera subasta hubo una cierta prevención, pues las entidades financieras no conocían los procedimientos y, además, coincidió con rumores de reducción de tipos por parte del Banco Central.
Por su parte, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, reclamó al Gobierno que en la segunda subasta de liquidez del Fondo de Adquisición de Activos Financieros se exigiese a las entidades que se comprometieran a destinar esos nuevos recursos a créditos para familias y empresas, «tal y como establece la norma».
En declaraciones a los periodistas, Montoro urgió a las entidades bancarias a utilicen estos recursos «que provienen de la deuda pública» para canalizarlos nuevos créditos, en la línea del desarrollo reglamentario del FAAF, pactado entre el Gobierno y el PP, que marca que se dedicara el 25% de esos nuevos recursos a créditos a familias y empresas.