Así, tras el embargo de todos los bienes y derechos de ambos partidos, incluidos los derechos de crédito por subvenciones, ahora se solicita su liquidación. Para ello, se insta a que se nombren liquidadores funcionarios de la Agencia Tributaria, y que se pongan a disposición del Tribunal Supremo para poder destinar su importe neto a la finalidad prevista en la Ley de Partidos Políticos. La Abogacía del Estado solicita además que se disuelva el Grupo Parlamentario PCTV en el Parlamento Vasco, y todos los grupos municipales de ANV en los distintos municipios del País Vasco y Navarra y en las Diputaciones Forales.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en rueda de prensa tras la cumbre de la UE en Bruselas, ha reiterado que su Ejecutivo «actuará en cada circunstancia cuando, conforme a la ley, haya que actuar». Zapatero ha criticado la uitlización «partidista» que está haciendo el PP en la lucha contra ETA y ha afirmado que «estamos en el buen camino para acortar los plazos para acabar con la violencia. La número dos del Ejecutivo, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado en el mismo sentido tras el Consejo de Ministros que «hay que vencer la tentación de volver a las andadas» en relación a la postura del PP en torno a la ilegalización de ANV.
Posibilidades
El Ministerio de Justicia ya está trabajando con la delegación del Gobierno del País Vasco para averiguar si hay posibilidades legales de disolver todos los ayuntamientos en los que gobierna ANV, para lo que está investigando «caso por caso» la actuación de dichos consistorios. El Gobierno busca pruebas que puedan conducir a la disolución de los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra en los que actualmente gobierna ANV, y no sólo en los 24 donde Acción Nacionalista Vasca cuenta con mayoría absoluta, según han confirmado fuentes del Ejecutivo.
En este sentido, se están analizando las actas de los plenos y los acuerdos adoptados por cada uno de Los 42 ayuntamientos de ANV, por si alguno de ellos pudiera dar lugar a su disolución. No hay duda de que uno de los ayuntamientos que será observado con lupa será el de Azpeitia (Guipuzcoa), donde el Pasado 3 de diciembre fue asesinado el constructor Ignacio Uria.