La Comisión Europea propuso a los Veintisiete inyectar, en acciones coordinadas y de manera inmediata, un total de 200.000 millones de euros a la economía europea. La mayor parte de esos fondos, 170.000 millones, tendrán que salir de los presupuestos nacionales, mientras que las arcas comunitarias y el Banco Europeo de Inversiones deberán aportar el resto.
Sin embargo, los líderes dejaron claro que cada Estado podrá decidir qué tipo de iniciativas desea aplicar, «teniendo en cuenta la situación de cada cual».
Bruselas ofreció a los países un catálogo de medidas, que implican bien aumento del gasto, bien reducción de ingresos, entre las que figuran acciones de apoyo a los sectores más afectados por la crisis, como el automóvil y la construcción; rebajas fiscales; disminución de las cotizaciones sociales, o ayudas directas a las familias.
En este contexto, se abre la posibilidad «para los países que lo deseen» de aplicar unos tipos de IVA reducidos en los servicios intensivos de empleo, así como estimular fiscalmente los productos y servicios «verdes».
Aunque el desarrollo de esta estrategia conducirá, inevitablemente, al aumento del déficit público, los países reafirman su compromiso con el Pacto de Estabilidad, que obliga a avanzar hacia el saneamiento en las cuentas públicas y fija un máximo de déficit del 3% del PIB.
Dejan claro, por eso, que las desviaciones deben ser temporales y se comprometen «a regresar rápidamente, conforme al Pacto, a sus objetivos presupuestarios a medio plazo».
En cuanto a la aportación de la UE al plan, los Veintisiete respaldaron elevar hasta 30.000 millones de euros las inversiones del BEI para los dos próximos años, con el foco en las pymes, las energías renovables y el transporte limpio, para beneficiar, especialmente al sector del automóvil.
La Comisión había propuesto, por otra parte, reprogramar 5.000 millones del presupuesto comunitario, asignados en principio a la política agrícola y que no han sido utilizados, a mejorar las interconexiones eléctricas y de banda ancha.
Varios países, entre ellos, Alemania, Holanda, Austria y Suecia, todos ellos contribuyentes netos al presupuesto de la UE, así como Polonia, rechazaron esta propuesta.
Finalmente, el texto de conclusiones se limita a apoyar «la movilización de posibilidades que permitan, en el marco del presupuesto comunitario, reforzar las inversiones» en materia energética y para el internet de alta velocidad. Además, para calmar a países que temían que estas inversiones sólo beneficien a algunos Estados miembros, se precisa que se tendrá en cuenta «un equilibrio geográfico adecuado».
Los líderes sí respaldan la idea de simplificación de los procedimientos y la aceleración de la aplicación de los programas financiados por el Fondo de Cohesión, los Fondos estructurales o el Fondo de Desarrollo Rural.
Aceptan también revisar el funcionamiento del Fondo de ajuste a la globalización, creado para facilitar la vuelta al empleo de trabajadores afectados por procesos de «deslocalización» empresarial, para ampliar su margen de actuación y su agilidad.
Los Veintisiete se muestran convencidos, según las conclusiones del Consejo, «de que este ambicioso plan de recuperación será decisivo para el rápido retorno de la economía europea a la senda del crecimiento y la creación de empleo» y se emplazan a evaluar, en su próxima reunión, prevista para marzo, sus resultados y estudiar posibles adaptaciones.