En ese contexto, recalcó que el Pacto de Estabilidad -que obliga a los países a sanear sus cuentas públicas-, sigue en vigor y aseguró que, a medio plazo, el objetivo sigue siendo la reducción del déficit y la deuda. «Pero hay que tener en cuenta la situación de crisis», reseñó.
También el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, mostró su satisfacción por la consecución de un acuerdo en torno al planteamiento del Ejecutivo comunitario.
Durao Barroso recalcó que en ningún caso se trata de aplicar las mismas medidas en todos los países, pero insistió en que resulta fundamental la coordinación de las acciones nacionales para que el plan de relanzamiento sea efectivo.
«El objetivo es recuperar la confianza e impulsar la actividad», explicó, y para ello es necesario acometer un «gasto inteligente», para hacer a la economía más resistente y competitiva.
El presidente de la Comisión reconoció que la crisis actual es grave, pero se mostró convencido de que, si logra responder de la manera adecuada, «Europa puede salir de ella más fuerte».
Bruselas considera que una inyección total de 200.000 millones de euros (equivalente al 1,5% del PIB comunitario) puede ayudar a los Veintisiete a superar la actual fase de recesión.
La idea de la Comisión es que la mayor parte de ese dinero -170.000 millones-, lo pongan los Estados miembros, mientras que los 30.000 millones restantes deben salir de las arcas comunitarias y del Banco Europeo de Inversiones.
El apoyo de Alemania al plan fue posible tras precisar que cada país puede elegir las medidas que considere adecuadas, en función de su situación específica, para incentivar la actividad.
Dado que la alemana es la economía más grande, le correspondería el mayor esfuerzo, pero Berlín se niega a sacrificar su saneada posición presupuestaria y, además, quiere esperar a ver el resultado de las medidas coyunturales que ya ha adoptado antes de aprobar otras nuevas.
También por la resistencia de Alemania, los líderes no incluyeron en sus conclusiones la posibilidad, dentro de las acciones posibles ante la crisis, de aplicar tipos de IVA reducido para los servicios intensivos en creación de empleo y la definición de una fiscalidad favorable a los productos y servicios «verdes».
Mientras otros países, como Reino Unido, han optado por drásticos recortes fiscales para impulsar el consumo, en Berlín cualquier alusión a rebajas impositivas suscita rechazo.
Los Veintisiete decidieron, en cualquier caso, remitir la cuestión del IVA reducido y de la fiscalidad «verde» al Consejo de Ministros de Finanzas (Ecofin), que debe adoptar una decisión al respecto como tarde en marzo.
El acuerdo rubricado el viernes por los líderes recuerda a los países que las acciones coyunturales deben ser temporales, muy dirigidas y con efecto inmediato, pero permite que cada Gobierno elija si prefiere aumentar los gastos o bajar los impuestos -sugiere medidas de apoyo a los sectores más afectados, como el automóvil y la construcción, disminución de las cotizaciones sociales o ayudas directas a las familias-.