El Tesoro explicó que intervendrá con préstamos destinados a General Motors, Ford y Chrysler hasta que el Congreso tenga tiempo para considerar un plan de socorro de largo plazo el año próximo.
Por su parte la Casa Blanca sugirió que podría echar mano del plan de rescate de la industria financiera de 700.000 millones de dólares para ayudar a las compañías automovilísticas, algo a lo que se había negado hasta ahora.
El Gobierno había defendido que debía ser el Congreso el que elaborara un plan de rescate diferente del que se aprobó en octubre para la industria financiera de Wall Street.
Por tanto, los demócratas del Congreso impulsaron un plan, consensuado con la Casa Blanca, para dar asistencia financiera a los Tres Grandes de Detroit (General Motors, Chrysler y, en menor medida, Ford) por importe de 14.000 millones de dólares.
El plan entró en vía muerta en el Senado debido a la férrea oposición de algunos republicanos.
Si no se interviene, ello deja a General Motors y a Chrysler abocadas a la suspensión de pagos y la bancarrota, una situación que, según todos los analistas, el Gobierno no puede consentir, porque generaría una reacción en cadena en las industrias auxiliares y profundizaría la grave recesión que vive el país.
«Nadie compra un coche de una empresa en bancarrota, porque no le pueden asegurar que le darán servicio durante los próximos tres o cinco años», dijo un analista a la cadena CNBC, para explicar cómo la suspensión de pagos sería desastrosa para el sector.