Los otros tres imputados son la vicepresidenta de Abertis, Carmen Godia, por su condición de administradora de la sociedad G3T, que posee el 5% de las acciones de Astroc y pertenece al grupo BCN Godia; el director financiero de BCN Godia, Jorge Gracia Silvestre, y el abogado y apoderado del Grupo Javier Amat Badrinas, del bufete barcelonés Amat i Vidal-Quadras, según el auto.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, negaron que la imputada Carmen Godia «sea socia ni administradora» de G3T y calificaron de «categóricamente falso» que haya adquirido acciones de Fadesa durante la opa. «Godia está involucrada por una relación familiar», afirmaron las mismas fuentes.
Según el auto, que recoge los hechos relatados en la querella de la Fiscalía, los días 26 y 27 de septiembre del 2006, García Silvestre, en nombre de BCN Godia contrató con el BBVA una operación de equity swap sobre acciones de Fadesa a iniciativa de Carmen Godia.
La presunta directora de la operación se «habría valido de la información facilitada por Bañuelos y conocida por todos» respecto a la inminente opa de Martinsa sobre Fadesa, que se materializó el 28 de septiembre de ese año, según explica el auto.
El entonces presidente de Astroc habría tenido conocimiento de la operación a raíz de las «negociaciones» de compra de la inmobiliaria que mantuvo con el presidente de Fadesa, Manuel Jove, a través de la entidad Morgan Stanley.
Finalmente, Fadesa vendió sus acciones a Matinsa tras desestimar la oferta de Astroc y la opa «supuso una revalorización, con un beneficio de 3,5 millones de euros» para las acciones de Fadesa de la que se beneficiaron supuestamente los imputados.
El juez también ha llamado a declarar como testigos, el próximo 20 de marzo, al presidente de Morgan Stanley, Luis Isasi, y al socio de la entidad Joaquín Arenas de Bedmar; al presidente de Fadesa, Manuel Jove, y al consejero delegado de Afirma, actual Astroc, Juan Francisco Palomero Arguinchona.
El juez ha ordenado al juzgado que designe a un perito económico para analizar cuánto dinero llegaron a ganar los imputados en la compra-venta de las acciones de Fadesa.
La querella considera que los hechos fueron constitutivos de un delito de uso de información privilegiada tipificado en el artículo 283 del Código Penal castigado con penas de cárcel de entre uno y cuatro años y multas que podrían triplicar el valor del beneficio obtenido en la operación.
Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón mantiene abierta otra causa contra Bañuelos por presunta maquinación para alterar el precio de las cosas. El empresario está imputado por realizar supuestas operaciones vinculadas entre varias de sus sociedades y Astroc en el 2006 con el objetivo de inflar su valor y mantener la cotización de la inmobiliaria.
Una de las dos acusación particulares acaba de solicitar al juez la apertura de juicio oral contra Bañuelos, tras rechazar la prueba pericia solicitada por ellos mismos, ya que el experto nombrado por el juzgado les pidió «40.000 euros» por su análisis pericial, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.