El abogado español y presidente de la Alianza Global de Abogados del ‘caso Madoff’, Javier Cremades, destacó la responsabilidad de los líderes mundiales de «adoptar y liderar las medidas que deben conducir a la creación de un marco de seguridad jurídica internacional, transparencia, y confianza en el mercado».
La propuesta contempla que la Corte Financiera Internacional dependa de los máximos órganos internacionales, como la ONU o el Fondo Monetario Internacional (FMI), y sea de obligado cumplimiento para todas aquellas entidades que prestan sus servicios en los mercados internacionales.
De esta manera, los afectados por fraudes financieros masivos de índole supranacional tendrán la facultad de optar por la jurisdicción nacional que les corresponda o por la internacional de la Corte Financiera Internacional.
Cremades explicó que «sólo con este tipo de instituciones podrá considerarse que los espacios para la impunidad se han visto reducidos, y que, por tanto, la seguridad jurídica ha avanzado en el ámbito del sistema financiero internacional».
Los abogados consideraron que la puesta en marcha de esta propuesta llevaría a cabo algunas de las conclusiones de la reciente cumbre de Washington de 15 de noviembre de 2008, que expresaba como uno de sus cometidos la «promoción de la integridad en los mercados financieros», junto con un «refuerzo de la cooperación internacional» y una «reforma de las instituciones financieras internacionales».
Cremades apuntó que «las dimensiones de un fraude como el de Madoff, la extensión geográfica, la cuantía y el número de afectados convierte en una necesidad la articulación de instituciones como ésta».
La Corte Financiera Internacional debería tener «competencia para conocer de las conductas lesivas de los derechos establecidos en la declaración y facultades homogéneas de supervisión, inspección y sanción directamente aplicables», apuntó Cremades.
La Alianza Global de Abogados del ‘Caso Madoff’ se constituyó el pasado mes de febrero en Madrid y está formada por cerca de 5.000 abogados de 34 despachos repartidos por 21 países con la finalidad de coordinar las distintas acciones legales en representación de afectados por el fraude de Bernard L. Madoff en todo el mundo.
La alianza está integrada por despachos de Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, Alemania, Holanda, Israel, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Panamá, Portugal, Suiza, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos.