A finales de enero, el grupo escandinavo SAS selló la venta del 80,1% de su filial española a la sociedad Iniciatives Empresarials Aeronàutiques (IEASA), participada por instituciones y empresarios de Cataluña, con lo que se puso fin a un complejo proceso iniciado en junio de 2007 y agravado el 20 de agosto de 2008 con el accidente de un avión de Spanair ocurrido en Barajas, que dejó 154 muertos.
Aunque los pilotos son «conscientes de la gravedad» de su acción y lamentan profundamente tener que recurrir a esta vía, consideran que es «el único medio a su alcance para hacer ver a los nuevos accionistas que el diseño y actual gestión del negocio puede perjudicar el futuro de la empresa y sus trabajadores».
En opinión del SEPLA, las últimas decisiones de la dirección, que tienen como finalidad «perpetuarse en sus puestos anteponiendo los intereses personales a los de la compañía», pueden estar fuera del modelo que se pretende instaurar por parte de los futuros inversores.
Entre las acciones y omisiones del equipo gestor que denuncia el SEPLA destaca el intento de ampliar el número de profesionales despedidos al margen de lo recogido legalmente en el ERE, lo que ocurre también con el pago de las indemnizaciones.
Asimismo, acusa a los actuales gestores de un intento de «modificar contrarreloj la estructura organizativa de la aerolínea, antes de que los nuevos directivos tomen las riendas de Spanair».
También señala que, al tiempo que se sigue despidiendo a pilotos, se llama a otros en activo en sus días libres para trabajar, además de que no se respeta la normativa de tiempos de trabajo y descanso en las programaciones de la plantilla de dicho colectivo.
Por ello, «una vez constada la falta de voluntad real de consenso de la compañía y pese a los reiterados intentos» realizados por el sindicato para superar las diferencias existentes en el marco de la mesa de negociación, el SEPLA ha comenzado a dar los pasos legales necesarios para presentar a la autoridad laboral la solicitud de una huelga legal.
En este sentido, el SEPLA quiere «dejar constancia expresa de que esta medida no oculta tras de sí ninguna reivindicación de carácter económico, al haber quedado congelados los salarios de todo el colectivo de pilotos hasta diciembre de 2010, tal y como se estableció en el ERE en curso».
Extrañeza de la dirección
La compañía aérea señala que ha mantenido siempre un constante contacto con el SEPLA, y que en aquellos requerimientos o propuestas de mejoras de gestión que se han presentado desde ese colectivo «se han resuelto satisfactoriamente en el 80 por ciento de los casos».
No obstante, la dirección de Spanair deja claro que mantiene un alto interés por escuchar y conocer cuántas mejoras puedan introducirse en el desarrollo del negocio.
El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) en Spanair ha anunciado hoy que ha iniciado los trámites para la convocatoria de una huelga «legal» ante las últimas decisiones de la dirección que «perjudicarán las finanzas de los nuevos accionistas y los derechos de los empleados».
El uso por parte de los convocantes de la terminología de «huelga legal» es debido, según ellos, a que quieren que no se les compare con la denominada en el sector «huelga encubierta o de celo» que supuestamente llevaron a cabo los pilotos de Iberia el pasado mes de diciembre.
En un comunicado, los pilotos afirman que son «conscientes de la gravedad» de su acción y lamentan profundamente tener que recurrir a esta medida, aunque la consideran «el único medio para hacer ver a los nuevos accionistas que el diseño y actual gestión del negocio puede perjudicar el futuro de la empresa y sus trabajadores».
En opinión de los pilotos de Spanair, las últimas decisiones de la dirección pueden estar fuera del modelo que se pretende instaurar por parte de los futuros inversores, y les acusan de querer modificar a «contrarreloj» la estructura de la aerolínea antes de que los nuevos directivos tomen las riendas.
A finales de enero, el grupo escandinavo SAS selló la venta del 80,1% de su filial española a la sociedad Iniciatives Empresarials Aeronàutiques (IEASA), participada por instituciones y empresarios de Cataluña, con lo que se puso fin a un complejo proceso iniciado en junio de 2007.
La firma final de la compra está prevista que se lleve a efecto durante el mes de abril.