La lectura que hacen los analistas lusos de lo ocurrido en la junta del miércoles es sencillamente que la distribución del poder en el consejo del BPI esta ahora más «equilibrada». Concretamente, la entrada de un representante del capital angoleño es mirada generalmente como un «contrapeso» al incremento de la representación de La Caixa. Ocurre que tras Santoro está Isabel dos Santos, hija del presidente angoleño José Eduardo dos Santos, cuya influencia en Portugal pasa además por la petrolera público Sonangol, que funciona casi como «fondo soberano» y que controla ya 10% del Banco Comercial Português (BCP, el mayor banco privado luso) y un tercio del capital de Galp Energia.
Lo cierto es que la «influencia» del capital angoleño ya abarca las cuatro principales instituciones financieras lusas, públicas y privadas: además de las participaciones de Sonangol en el BCP y de Santoro en el BPI, el régimen de José Eduardo dos Santos ha exigido entrar en el capital y en la gestión de las filiales angoleñas de los bancos portugueses. BPI tuvo así que ceder el 49% de Banco de Fomento de Angola (BFA) a la operadora de telecomunicaciones pública angoleña Unitel y a una sociedad controlada por Isabel dos Santos; el BCP cedió el 49% de Millennium BCP Angola a Sonangol; y la filial conjunta de CGD y Santander Totta tiene igualmente un 49% de capital angoleño.
Pese a tener ahora un «contrapeso» angoleño en el consejo del BPI, La Caixa consolida su influencia, puesto que tendrá ahora cuatro consejeros y que el nuevo «top» fijado por los derechos de voto propuesto en la Junta Ulrich será el 20%, frente al 17,5% actual. Además, Isabel dos Santos no sale bien parada en el reparto de consejeros: con el 9,7% del capital, Santoro Holding sólo tendrá un representante en el consejo del banco, lo mismo que otros socios con participaciones muy inferiores (Arsopi con 3%, HVF con 2,9%,Auto Sueco con 1,6%), mientras que Allianz, con el 8,9%, cuenta con dos representantes. El segundo accionista es el banco brasileño Itaú, con 19,3% y tres consejeros.
Lo que sí sale reforzado, es el poder de los siete mayores accionistas, que controlan conjuntamente el 76% del capital y ocuparán 13 sillones del nuevo consejo del BPI. Los otros 12 corresponden a 5 consejeros independientes y a 7 miembros del consejo ejecutivo que, bajo la presidencia de Fernando Ulrich, concentra la influencia de los cuatro mayores accionistas, que controlan el 68% del capital pero solo cuentan con 10 consejeros. Una situación que viene a reforzar aún más la posición de Fernando Ulrich, el cual tiene a su favor una buena gestión: pese a la crisis, el BPI cerró 2008 con un resultado neto de 150 millones de euros (-57,7%) y en el primer trimestre 2009 ganó 50 millones (-33%).
Los accionistas y los mercados valoran mucho también que el BPI presente los mejores ratios de capital y de solvencia, con un «Tier 1» del 8,8% al término de 2008. BPI tiene igualmente una situación de liquidez envidiable, registrando un saldo positivo de 2.700 millones de euros en el mercado interbancario, y no ha tenido todavía necesidad de utilizar una línea de crédito de 3.600 millones de euros en el BCE, ni los 1.700 millones que el Estado luso puso a disposición del banco a efectos de capitalización. Pese a la crisis, Ulrich mira al futuro con optimismo, diciendo que muy pronto la prioridad de la gestión volverá a ser la rentabilidad, y ya no tanto la capitalización, la liquidez y el control de riesgos.
De ahí que La Caixa manifieste la intención de comprar nuevos paquetes de acciones del BPI, hasta alcanzar el 33%, que es el límite autorizado por el Banco de Portugal y a partir del cual habría que lanzar una OPA. Pero la caja catalana reitera que el control total del BPI no está entre sus objetivos, sabiendo además que una operación hostil seria mal recibida por la opinión publica y por las autoridades lusas. Eso fue lo que pasó cuando Santander adquirió el Totta, cuyos activos tuvo al final que compartir con la CGD. Los analistas también llevan tiempo especulando sobre un «futuro español» para el BCP, apuntando el BBVA… el cual recusa comentar «especulaciones».
Al margen del BCP, del BES y del BPI, que son por este orden los tres mayores bancos privados del país, y de la CGD, que es la mayor institución financiera lusa y tiene aún al Estado como único accionista, es probable que habrá pronto en Portugal bancos en venta… o en proceso de liquidación. Es el caso del recientemente nacionalizado Banco Português de Negocios (BPN), cuya gestión fue confiada provisionalmente a la CGD, y mas aun el del Banco Privado Português (BPP), intervenido por el Banco de Portugal y cuya salvación o quiebra está en manos de sus ricos clientes, titulares de fondos de inversión de retorno garantizado al 100% y que «pesan» más de 1.200 millones de euros.
Fernando Ulrich tiene una posición muy clara al respecto: el BPI no hará nada para evitar la quiebra del BPP, y considera que son el gobierno y la CGD quienes tienen que decidir el futuro del BPN. Para él, lo que Portugal necesita son unos bancos saneados y que no hacen trampas, al contrario de lo que han hecho el BPN, el BPP y igualmente el BCP, cuyos antiguos gestores están siendo investigados por el BdP, por la CNMV y por el Parlamento. Pero el que huele peor es el BPP: según el presidente de la CNMV Carlos Tavares, a finales de 2008 la dirección del BPP intentó camuflar sus errores, cambiando activos tóxicos del banco por otros provenientes de los portafolios de los clientes.
Para mantenerse a flote, lo que propone el llamado «banco de los ricos» es que los clientes acepten participar en la creación de un «macro fondo, aportando los activos cuya gestión fue confiada al BPP: 1.200 millones de euros invertidos en fondos de retorno de capital garantizado al 100% pero cuya recuperación es hoy imposible, sin la ayuda del Estado. Además de participar al «macro fondo, los clientes tendrían que renunciar a la garantía del retorno del capital invertido, y que solo podrían recuperar eventualmente en un plazo de 10 anos, en función de la evolución de los mercados. Para Carlos Tavares, el «caso BPP, que «dilapidó» el patrimonio de los clientes, es igual al «caso Madoff».