En su comparecencia en la comisión no permanente del Pacto de Toledo, Almunia explicó que, según el informe sobre el Impacto del envejecimiento de la UE que presentará hoy la Comisión Europea, el gasto público derivado del envejecimiento de la población podrá alcanzar en España el 9% del Producto Interior Bruto en el 2060 frente al 4,7% previsto para los Veintisiete.
Almunia subrayó que ahora «hay margen» para hacer reformas, actuaciones que serán «prácticamente indoloras» por lo que pidió no «hacer ningún drama» y que para evitarlo la «clave» es llegar a acuerdos en el Pacto de Toledo. Por ello, apostó por políticas de natalidad a largo plazo basadas en la conciliación de la vida familiar y laboral porque «sin conciliación no hay política posible».
También hizo hincapié en el alargamiento de la vida laboral, con sistemas «flexibles» de jubilación y consideró que se debe avanzar para decidir cuántos años deben tenerse en cuenta para establecer las bases reguladoras de cotización. En su opinión, la «aparente dicotomía» que se produce entre el alargamiento de la vida laboral y el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo se resuelve con el «crecimiento» económico.
Subrayó que en tiempos de recesión, parece más «urgente y necesario» hacer reformas porque «servirán para salir antes y mejor» de la crisis».
El diputado del PP, Tomás Burgos, ante el riesgo para recuperar el crecimiento económico por la crisis, preguntó a Almunia si la situación económica no influirá en la futura sostenibilidad del sistema de pensiones.
Almunia respondió que, a pesar de no saber cómo afectaría la crisis al sostenimiento de las cuentas públicas, si la recesión se mantiene y el grado de endeudamiento de los países se enquista, habrá un «estigma que quedará marcado, pero que no hay nada predeterminado y que todo depende de decisiones políticas.
En este sentido, añadió que España parte de un nivel de endeudamiento muy saneado, aunque advirtió de que la deuda aumenta de forma muy rápida debido a la financiación del déficit y el apoyo al sistema financiero.
La diputada del PSOE, Isabel López i Chamosa, pidió que las decisiones que se adopten dentro del Pacto de Toledo se aborden con «serenidad y consenso suficiente». También demandó no generar desconfianza, ya que, recordó, en el 2003 el ratio entre cotizantes y pensionistas era del 2,44% y el Gobierno decía que estábamos en el «no va más» y hoy ese ratio se sitúa en el 2,61%.
Del mismo modo opinó Gaspar Llamazares de IU, quien aseguró que el cometido del Pacto de Toledo no es transmitir «temor» a los ciudadanos, sino abordar los puntos débiles del sistema para «fortalecernos».
Emilio Olabarria, del PNV, preguntó por el significado de «alargar la vida activa» y si la ampliación debe ser voluntaria o forzosa, al tiempo que pidió hacer políticas de natalidad necesarias para combatir el envejecimiento de la población.
La portavoz del grupo mixto Olaia Fernández dijo que antes de acometer reformas es necesario saber qué modelo social hay que ofrecer a los mayores y preguntó a Almunia qué debería tenerse en cuenta para llevarlas a cabo.