Hace unos días, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo modelo de financiación de RTVE. Se trata de una copia del modelo francés, instaurado bajo el impulso del presidente Sarkozy, con un éxito manifiestamente mejorable, por cierto. El modelo, básicamente, consiste en eliminar la publicidad de la televisión pública, ya sea parcial o totalmente, como parece que será el caso español.
En principio, se podría pensar que la reducción de ingresos publicitarios tendría como consecuencia lógica una reducción del gasto del Ente Público para evitar que el déficit crezca. En tiempos de crisis como los actuales, sería difícil no aplaudir una medida semejante, dado que se eliminaría la doble financiación de TVE y, de paso, ésta podría concentrarse en su función de servicio público: desaparecerían de su parrilla programas que nada tienen que ver con el mismo. Todos felices: las privadas, porque crecería el pastel publicitario a repartir; los espectadores, por la eliminación de la publicidad; el Gobierno, por cumplir un compromiso largamente retrasado.
Pero, claro, no es eso (suponiendo que finalmente quede como ha sido anunciado, que hay precedentes de anuncios sin desarrollo posterior). En realidad, se eliminan los ingresos publicitarios pero no se recorta el gasto ni el presupuesto. Éste se cubrirá con una nueva tasa para las privadas (un 3% de sus ingresos de explotación) y para las operadoras de telecomunicaciones (0,9%), que, como ganan mucho… que lo paguen. Sin más. De momento, el dictamen preceptivo de la CMT desaconseja esta medida, por arbitraria y porque no se aprecia qué beneficio reciben los operadores como contrapartida.
Con esta nueva regulación se conseguirá que la televisión pública gaste lo mismo y pueda competir en audiencia con las privadas, salvo en la adquisición de derechos deportivos, que no podrá suponer más de un 10% de su presupuesto (los JJOO no cuentan). Se incrementan sus obligaciones «de servicio público», que luego veremos si se cumplen, y se obliga a TVE a incrementar un 20% su inversión en cine español.
También, con este sistema, cuanto más dinero ganen las privadas (y las «telecos»), más dinero ingresará TVE a través de los porcentajes apuntados, con los que podrá competir con ellas por la adquisición de cine, series, programas, etc.
¿Consecuencia de todo ello? Monumental enfado de las operadoras de telecomunicaciones que, con razón, no entienden qué pintan ellas pagando el coste de todo esto sin contrapartida, y alegría enorme de las privadas, que se frotan las manos con el reparto de la tarta publicitaria que libera esta medida: 600 millones de euros el año pasado y, previsiblemente, unos 480 este año. Como el 3% de «impuesto» supone en total unos 120 millones de euros, los números salen… siempre que no pase como en Francia, donde la publicidad de las cadenas públicas se ha atomizado de tal forma en el mercado publicitario (temáticas, por ejemplo) que ya nadie sabe dónde han ido esos millones exactamente. Desde luego, no lo saben las privadas, cuyos ingresos por este concepto han descendido.
Para el Gobierno, la jugada es «maestra». Por una parte, complace a las privadas con un teórico crecimiento de sus beneficios, que tienen informativos y no es cosa de granjearse enemigos con la que está cayendo. Si después no se hace nada de lo prometido (se supone que todo esto entra en vigor en septiembre), el Gobierno habrá salvado el «set» de las elecciones europeas, como mínimo, y tendrá tiempo hasta las siguientes elecciones para «regatear». Si los beneficios no crecen en la medida esperada, siempre habrá un ministro o vicepresidenta que pueda decir eso de «¿se imaginan lo que hubiera ocurrido sin esta medida?».
Los sindicatos de RTVE, callados como buenos sindicalistas que son, que esto de dar dinero a empresas privadas es una medida muy de izquierdas y, sobre todo, mientras «lo mío» no se toque, no vayamos a hacernos daño…
Las empresas de telecomunicaciones, enfadadas es poco, pero como no tienen medios de comunicación, ¿a quién le importa? En realidad, importa a la triste imagen que del Gobierno de España tenemos muchos españoles gracias a medidas tan arbitrarias como ésta. En segundo lugar, importa a los accionistas de estas empresas que, en un porcentaje importante, son extranjeros y seguramente no entenderán cómo es posible este nivel.
Los españoles acabaremos pagando el 0,9% de las operadoras, si la medida prospera, ya que éstas ya han anunciado que nos lo van a repercutir en nuestro recibo. Pero claro, cuando llegue la primera factura, habrán pasado las elecciones europeas y además, será entendido que es «por la crisis». Y, como es sabido, la culpa de la crisis es de Aznar, que es quien manda en el PP.