La prórroga «limitada» del funcionamiento de la central burgalesa podría seguir un esquema similar al de la central José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), que cerró en el 2006.
El dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear sólo hubiera sido vinculante para el Gobierno si se hubiera pronunciado a favor de su cierre definitivo, por lo que la decisión final sobre la continuidad o la clausura de la central de Garoña corresponde ahora al Consejo de Ministros.
Dentro del Gobierno y de las filas socialistas no existe una posición unánime a favor o en contra de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares que están actualmente operativas en España.
Tras la reunión de este viernes del Consejo de Ministros, que estuvo casi monográficamente dedicada a aprobar medidas de carácter medioambiental, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, explicó que el gabinete no había analizado el futuro de Garoña y aseguró que el Ejecutivo no se pronunciará hasta conocer el informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
Espinosa defendió que ese informe sea «lo más aséptico posible y sin interferencias de nadie», y negó que las elecciones europeas del próximo domingo estén condicionando al Gobierno a la hora de pronunciarse, de posponer o no su opinión, y de tomar una decisión.
Diez años más
La central nuclear de Garoña, en funcionamiento desde 1970, tiene autorización para funcionar hasta el próximo 5 de julio.
La empresa titular de la central nuclear (Nuclenor) presentó el 3 de julio del 2006 la solicitud de renovación del permiso de explotación para otros diez años.
Reacciones
Tras conocerse el sentido del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, comenzaron a sucederse algunas reacciones; entre ellas, la del diputado del PNV por Álava Emilio Olabarría, quien se mostró convencido de que «la única manera de garantizar al 100% que la central no suponga un riesgo para las personas es cerrándola».
Olabarría considera que Garoña «está obsoleta, tiene problemas técnicos y supone un riesgo demostrado para la salud de las personas y los ecosistemas de la zona».
Sin embargo, el diputado nacionalista mantiene que se debe separar el cierre de la planta del debate general sobre el futuro de la energía nuclear, y lamentó -en una nota de prensa-, que el Gobierno haya cerrado «insensatamente» el debate sobre este tipo de energía «cuando los países más avanzados de Europa están analizando esta cuestión».
Las principales organizaciones ecologistas reivindicaron este viernes, durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, un futuro sin nucleares y unieron sus voces para pedirle al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que «cierre Garoña ya».
La organización Ecologistas en Acción criticó que el CSN haya optado por no hacer público el contenido del informe hasta el próximo lunes, y consideró que se trata de un acto «de ocultismo» y «de falta de respeto democrático».
Según este colectivo, la publicación de ese informe el lunes se hará «tres días después del plazo legal», lo que a su juicio es una nueva demostración «de la falta de transparencia y de sentido democrático» de este organismo.