El presidente de la constructora Begar Construcciones y Contratas, y del grupo del mismo nombre, es José Luis Ulibarri Cormenzana, que fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el «caso Gürtel» por un concurso de suelo en Boadilla del Monte (Madrid).
«La cosa está terriblemente difícil, ya que parece que los bancos han cerrado los grifos, la empresa no tiene capacidad financiera y está abocada a cerrar», dijo el responsable de CCOO, quien explicó que la intención de la constructora es «tener confeccionado el ERE de extinción para poder presentarlo en diez o quince días» en la Dirección General de Trabajo.
Los trabajadores empezaron este jueves a recibir una carta del departamento de Recursos Humanos en la que se reconoce la «dificilísima coyuntura de la empresa» por la negativa de los bancos acreedores a la propuesta de reestructuración financiera planteada.
Además se explicó que hace unos días el propio Ulibarri comunicó a la plantilla que las negociaciones con estos bancos «inducía al optimismo», después de un primer acuerdo de concesión de un crédito sindicado por más de 12 millones de euros.
No obstante, la semana pasada los asesores de los bancos acreedores -según la carta remitida a los trabajadores-, trasladaron a la constructora «la negativa definitiva» a abordar «la reestructuración financiera de Begar.
Según citan las fuentes consultadas, los trabajadores no han cobrado el salario del mes de mayo e intentan que se les garanticen las indemnizaciones antes de que se presente el concurso de acreedores.
La dirección de la empresa declinó informar sobre la situación, mientras el viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Ignacio Ariznavarreta, dijo que no tiene constancia ni del ERE ni del concurso de acreedores.
Además de la constructora, Ulibarri tiene empresas relacionadas con los sectores de comunicación, servicios, medio ambiente y sanidad, entre otros.