«La Ley de Contratos dice que en el plazo de 60 días debe pagarse y si no, hay que pagar intereses de demora, pero eso tenía que ser una obligación» de las empresas contratistas y de los ayuntamientos.
Andújar lamentó que una empresa subcontratista puede estar seis o siete meses sin cobrar, puesto que la demora en los pagos se alarga hasta los 180 ó 220 días en la actualidad.
Como ejemplo para solucionar esta demora, Andújar se referió a una norma aprobada en Cantabria por la que la Administración prima a la empresa contratista que aporte los subcontratistas que van a hacer la obra y tenga una obligación de pago con éstos.
Los empresarios de obras públicas ven esta medida como una solución y se plantean proponerla al Gobierno de España.
«Ahora mismo no hay garantía de que el subcontratista cobre, pero el contratista sí -la tiene-«, añadió.
Estas empresas se enfrentan además a la «lentitud» de la Administración en conceder autorización para el inicio de una actividad o una obra, para lo que no se debería tardar «más de dos meses».
Andújar aseguró que los Ayuntamientos no están cumpliendo el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, al no exigir al constructor el justificante de vertido, un procedimiento que evita la existencia de vertederos ilegales.
El presidente de la asociación pidió «otro Plan E con más tiempo y un pliego de condiciones» que seleccione «mejor» las obras «necesarias», tras afirmar que el plan en vigor «ha ayudado un poco» a estas empresas.
«Hacen falta muchos Planes E», aseguró con relación al sector de obra pública de medianas y pequeñas empresas, cuya actividad ha caído entre el 40 y el 50% en los últimos meses.
Preguntado por las dificultades de financiación de las empresas, Andújar manifestó que éstas intentan «sobrevivir y aguantar» y ha expresado su descontento por que las entidades financieras «no han abierto el grifo» y los préstamos ICO «tampoco llegan».