El primer ministro explicó que los primeros cinco policías que llegaron a la zona conocida como la Curva del Diablo, a la altura del kilómetro 200 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, fueron asesinados con lanzas por los nativos, quienes los despojaron de sus armas y luego presuntamente atacaron con ellas a otros uniformados. Al menos uno de los cuerpos de los efectivos todavía no ha sido hallado, mientras que nueve féretros de los policías muertos llegaron esta noche (local) a Lima.
Respecto a los policías y trabajadores secuestrados en la estación administrada por la estatal Petroperú, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, declaró que «hay una acción de fuerza sobre estos policías, pero pareciera que podría entablarse algún diálogo». La titular del Interior afirmó, tras lamentar los decesos de los policías, que «ha existido un plan, instigación y un complot» en los hechos ocurridos en la jornada. Simon reiteró que el Gobierno de Alan García mostró, «hasta la saciedad», voluntad de diálogo para solucionar las peticiones de las comunidades amazónicas en forma pacífica.
Sin embargo, el jefe del gabinete se quejó de que los líderes indígenas, representados por Alberto Pizango, engañaron a los nativos diciéndoles que les iban a quitar sus tierras y el agua, a raíz de la aprobación de leyes promovidas por el Ejecutivo el año pasado. En tal sentido, Simon justificó la intervención policial para despejar una carretera tomada por los nativos «para poner orden y disciplina en el país», que ya estaba sufriendo los efectos económicos de los bloqueos y toma de estaciones petroleras.
Por su parte, el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, informó que se ha decretado el toque de queda en algunas localidades del Amazonas, y que también se ha extendido la declaración de emergencia dictada por el gobierno a esa región. «Somos respetuosos de los derechos humanos, pero el Estado tiene que recurrir a todos los instrumentos que le son permitidos para recuperar el orden», opinó Flores Aráoz.
De otro lado, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, informó de que hay 36 personas detenidas en Bagua y otras 17 que han sido derivadas a la ciudad de Chiclayo.
Un representante de la fiscalía también fue secuestrado por los nativos por varias horas, informó Echaíz, pero ahora los magistrados trabajan en diversos puntos del Amazonas.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, anunció que los responsables de las radioemisoras de Bagua, que han incitado abiertamente a la violencia, serán sancionados.
La Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo hicieron un «clamoroso llamado a la serenidad» y pidieron que, «de manera inmediata, cesen los enfrentamientos entre compatriotas».