Caamaño ha añadido que, antes de tomar una decisión, se dejó actuar al Ministerio Fiscal, y que tan pronto como éste trasladó la idea de que podía haber algún acto ilícito relativo a delitos contra la Hacienda Pública, se decidió pedir un informe a la AEAT.
Según la exposición razonada que el instructor del caso, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, remitió ayer al Tribunal Supremo, ese informe pone de manifiesto la «posibilidad veraz» de que el senador del PP y tesorero nacional de este partido, Luis Bárcenas, haya cometido un delito fiscal.
«Es la propia Agencia la que ha dicho que, según la investigación que ella misma ha realizado, que creía que sí se han producido delitos», ha señalado el ministro, que ha agregado que fue por ese motivo por el que se emplazó a la Abogacía del Estado «a que adoptara las medidas necesarias para personarse en defensa de todos los españoles en esa causa».
Caamaño ha añadido que se está a la espera de que el Supremo declare su competencia en este asunto para comparecer ante este órgano o ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
No obstante, ha insistido en que «habiendo acreditado la Agencia Tributaria que existe esa posibilidad y haciéndolo en un informe, la obligación del Gobierno de España es personarse y defender los intereses de los españoles».
El ministro ha respondido además a las declaraciones en las que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que la actuación de jueces y fiscales es causada por el «mal perder» del Gobierno de España y ha dicho que el Ejecutivo «no ha cambiado de opinión» en este asunto, sino que se ha decidido a intervenir cuando ha apreciado la existencia de un delito fiscal.
Por su parte, el presidente extremeño ha abogado por dejar trabajar a los jueces y ha aseverado que «la Justicia no depende de quién gane unas elecciones o las pierda, depende de que se trate igual a todo el mundo en las mismas condiciones».
A juicio de Fernández Vara, es de una «enorme gravedad» la interpretación de absolución que «una parte del PP hace respecto de determinadas conductas presuntamente delictivas».